El FBI ha utilizado una fotografía de la campaña electoral de 2004 del diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, para elaborar con el cabello y la frente del entonces candidato el retrato robot del malvado y siempre invisible Osama Ben Laden (además del de otro terrorista de Al-Qaeda). El portavoz de la agencia de investigación, Sr. Ken Hoffman, tras reconocer su absoluta sorpresa, ha declarado: “Asumimos nuestra responsabilidad por la imagen del político español”. Además, la institución policial ha retirado la polémica imagen de la página oficial del programa “Rewards for Justice”, en la cual se ofrecía una sustanciosa recompensa por la captura del enemigo público número uno.   Don Gaspar, indignado y ofendido, ha convocado una rueda de prensa para expresar lo siguiente: “El FBI no llegó a mi imagen por casualidad; conocían mi nombre”; “esto es muy grave y no es motivo de chanza”. Ha manifestado también que es una “degradación” de su reputación. Se pregunta “si los izquierdistas formamos parte del FBI”, acusando a los culpables del error de hacer una utilización “sectaria e ideológica” de la información y pidiendo responsabilidades a las más altas instituciones de los Estados Unidos.   No es de extrañar que el diputado haya servido de mofa incluso en algunos titulares de prensa. De todos es conocido su “juego sucio” e indecencia dentro de IU a la hora de ser cabeza de lista en las elecciones generales de 2008, la posterior renuncia como coordinador de la coalición ante el descalabro electoral (sin abandonar su escaño) y su connivencia política con el Presidente Rodríguez Zapatero. Ya casi nadie se acordaba de él cuando el irrespetuoso incidente ha propiciado que vuelva a estar en los medios de comunicación con su demagogia de izquierdas, para avivar las sospechas acerca de las muy probables intenciones que alberga de dar un paso hacia las filas del PSOE, con vista a las elecciones Generales de 2012.   Es evidente que en la partitocracia que padecemos el Sr. Llamazares sólo se representa a sí mismo. En una sociedad que disfrutara de libertad política, al ser los cargos públicos elegidos directamente, los electores representados por el diputado serían los ofendidos, lo que inmediatamente convertiría la cuestión en un leve asunto de Estado cuya solución exigiría explicaciones al país cuya institución hubiera incurrido en semejante mofa de un electo.