Dado el triste pasado español, con 40 años de dictadura y con enormes deseos de superar errores pretéritos, deciden los poderes fácticos del momento, sentarse a negociar y concluir en el llamado pacto constitucional, muy bien recibido por los españoles y con la intención de ser aplicado a realidad histórica de aquel entonces.   Su éxito radicó en la cesión parcial de los poderes españoles tradicionales, como la iglesia, individuos próximos a la dictadura y el compromiso del partido socialista, no sin antes, en 1977, legalizar al Partido Comunista Español también como compromiso del Pacto y con Jordi Sole Tura a quien tuvo como representante en el mismo, y que a su vez pasaría a las filas del PSOE, allá por 1989 siendo ministro de cultura en los gobiernos de Felipe González.   Es triste pensar, pero pensamos, quienes vimos y vivimos aquel Pacto como un aire fresco de libertad, cómo ha ido degenerando el sistema establecido por los siete redactores conocidos como padres de la C.E. de 1978.   Nuestro sistema político, al parecer, híbrido de los sistemas alemán e italiano, se rige como es sabido por otro sistema electoral basado en la fórmula matemática de Víctor d´Hondt. El orden en que se reparten los cargos electos a los individuos de cada lista no está dado por este sistema: puede ser una decisión interna del partido (en un sistema de listas cerradas) o puede que los votantes ejerzan alguna influencia (en un sistema de listas abiertas), por otro lado, nuestra ley electoral fija unos límites o porcentajes donde los partidos que no los alcancen quedan excluidos del órgano deliberante, esta cuestión no se contempla en la ley D'Hondt. Estos básicos tecnicismos delatan que todo está desvirtuado desde el origen. No solo no se respeta a quien se copia o en lo que se inspira, ni siquiera se plantea el estudio de sistemas más abiertos, o si se prefiere menos defectuosos.   De todas formas, el esfuerzo histórico del momento fue brutal, el objetivo era enterrar nuestros demonios y evitar debacles sufridas, al parecer el enemigo siempre lo hemos tenido en casa, complejos y miedos que nuestra cultura le cuesta superar, y quizás por esa razón, nuestros políticos mediante la acción demagógica, en sus múltiples formas, apelan a emociones irracionales mediante estrategias como la promoción de discriminaciones, fanatismos y sentimientos nacionalistas exacerbados; el fomento de los miedos e inquietudes irracionales; la creación de deseos injustificados o inalcanzables; Todo ello para ganar el apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la oratoria, la retórica, y el control de la población. La apropiación de los medios de comunicación y de los medios de educación por parte de dichos sectores de poder son puntos clave para quien busca esta estructura de gobierno, a fin de utilizar la desinformación. Así se mantiene un dominio sobre masas en movimiento que hacen valer sus propias instancias inmediatas e incontroladas creando la ilusión de que se impone un legítimo poder constituido sobre la voluntad popular, su situación y de sus necesidades, una voluntad formada. Rousseau ya denunciaba en su obra “El Contrato Social”, la falta más esencial, la “voluntad general” de unos ciudadanos conscientes de su situación y de sus necesidades, una voluntad formada y preparada para la toma de decisiones y para ejercer su poder de legitimación de forma plena. De esta forma, en la “oclocracia” la legitimidad que otorga el pueblo está corrupta, pasando el poder del campo de los políticos al campo de los demagogos, a aquellos que “gustan más del poder que del joder”, frase acuñada por un catedrático de derecho constitucional nórdico.   Mi memoria histórica me describe como se cometió uno de los más grandes atentados a ese Pacto o Constitución de 1978, y con gratitud a quien recuerda mi memoria, reproduzco y hago mías las palabras del periodista Juan Morote quien describe perfectamente semejante tropelía en uno de sus artículos: “En 1985, el Ejecutivo de Felipe González dio un paso decisivo en la mejicanización de la política española. Para convertir al PSOE en un PRI a lo ibérico, se cargó la independencia del poder judicial. La elección de los miembros de su órgano de Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, pasó a recaer en su totalidad en el Parlamento. Al grito de Alfonso Guerra de "Montesquieu ha muerto", desapareció el sistema mixto de elección de los miembros del CGPJ que había establecido la UCD.   El Partido Popular (precisar que se fundó en 1989, siendo AP en 1985) , por su parte, ni antes ni durante ni después de su periplo en el Gobierno ha hecho absolutamente nada por devolver al poder judicial la independencia que le debería ser propia. Más bien al contrario, ha participado en todo tipo de componendas pasteleras con el PSOE en materia de justicia. Por su parte, los componentes de los altos Tribunales han esperado paciendo en sus Salas el anhelado ascenso o la llegada de la prebenda política. Sus señorías han entendido sistemáticamente que no debían interferir en los designios del legislativo”.   “Montesquieu ha muerto”, dijo Alfonso Guerra, cargándose la división de poderes, y controlando el cuarto poder (la Prensa) a través de alianzas con el Grupo PRISA (El País, Canal Plus, Cadena SER…), propiedad de Jesús Polanco. TVE llegó a emitir “VOTA PSOE” durante 1 segundo en plena campaña de 1986 cuando Butragueño marcaba un gol a Dinamarca en el Mundial de Méjico 86. Todo se coronó con la compra y cierre de Antena3 Radio (emisora opuesta al “felipismo”). Hubo quien afirmó que las ideas de Montesquieau eran viejas y anticuadas y por eso se habrían de enterrar; lo curioso es que el invento de la rueda es más antiguo todavía y sin embargo funciona. Esta es la concentración de poderes que caracteriza el Estado surgido de la Constitución del 78, y la razón por la que algunos denominamos a este sistema como dictadura funcional, idéntica a la del dictador Francisco Franco.   Lo relatado son hechos y no opiniones, y tal es su gravedad que uno se pregunta ¿Qué hacía, mientras se enriquecía, el Jefe del Estado?