Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cada ejercicio son (o deberían ser) un conjunto de herramientas de política fiscal que los diputados del Parlamento (como representantes de los ciudadanos, ¡ojalá! fuese cierta esta afirmación en nuestro país), ponen en manos del Gobierno para que éste dirija, fomente y complemente las actuaciones llevadas a cabo por los millones de actores de la sociedad civil, ese lugar donde la acción humana despliega su vitalidad. Es de capital importancia conocer el perfil de los actores que manejarán tan ingentes recursos: 362.460 M€, la tercera parte de nuestro PIB esperado.   En los últimos años nuestra “clase política” (muchas veces convertida en “casta política”) ha ido convirtiendo con diligencia nuestras Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local) en bosques de grandes árboles frondosos. Su crecimiento ha sido tan desorbitado que sus ramas han ensombrecido cualquier rincón de la sociedad.   El primer grupo de actores esta formado por la Administración General del Estado (AGE) que gestiona 209.283 M€, una vez eliminadas las transferencias a sus mismos Organismos, Agencias y Seguridad Social, se quedan en 179.235 M€: la mayoría de ellos ya están comprometidos (deuda, financiación de Entes territoriales y de la Unión Europea, clases pasivas y otras). Después de lo cual la AGE solamente dispondrá de 50.468 M€ para los diversos Ministerios y Órganos Constitucionales (Cortes Generales, Casa del Rey, Tribunal Constitucional, etc.).   Desde hace mucho tiempo la AGE ha ido desarrollando una impresionante maquinaria burocrática: Ministerios cuyas funciones podrían ser ejercidas por una simple Subdirección General; Secretarías de Estado creadas para coordinar Direcciones Generales, en realidad solamente sirven para tener reuniones semanales prescindibles (en algunos casos han creado Secretarías Generales como intermediarias entre la Secretaría de Estado y las Direcciones Generales); Direcciones Generales con menos funciones que un Servicio administrativo; cientos de Subdirecciones con Subdirecciones adjuntas, Vocales Asesores, Jefes de Área que acaparan las competencias de los funcionarios normales. La mayoría de estos órganos son inventos burocráticos sin razón de ser debido a la merma de funciones que año a año se transfieren a las Regiones (incluso para comprar apoyos para su aprobación, como este año). La única razón de ser de este follaje burocrático es premiar a la clientela política del grupo gobernante y a muchos altos funcionarios que le apoyan en sus iniciativas (muchos de ellos han confundido la lealtad al Estado con la fidelidad a sus dadivosos jefes).   El segundo gran grupo de actores, las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, desde hace mucho tiempo tienen una gestión independiente de la AGE y abarcan todas las facetas de la gestión del sistema de la Seguridad Social: elaboración y gestión de sus presupuestos; gestión y recaudación de las cuotas sociales; pago de las pensiones contributivas (99.090 M€), maternidad, incapacidad temporal, pensiones no contributivas y protección familiar; dotaciones para la Dependencia y para el Fondo de Reserva (3.457 M€). Para todas estas tareas cuenta con 124.275 M€ (una vez eliminadas las transferencias internas). Dentro de la burocracia estatal, forma una organización bastante eficiente ya que los gastos de gestión representan el 3,6% de este presupuesto.   El tercer grupo de la organización estatal lo forman los Organismos Autónomos, Agencias y Entes Públicos administrativos que realizan funciones perfectamente adaptables a cualquier Servicio de cualquier Dirección General de cualquier Ministerio existente. Muchos de estos entes se han ido desgajando de la AGE para modernizar la gestión de los servicios públicos (coartada técnica que persigue los mismos fines comentados para la AGE, corregidos y ampliados). De los 58.950 M€ que gestionan estos 74 organismos (una vez eliminadas las transferencias internas), cinco de ellos acaparan el 86% de estos créditos (64,4% el Servicio Público de Empleo Estatal, 12,8% el Fondo Español de Garantía Agraria, 4,5% las Mutualidades administrativas, 2,4% el Fondo de Garantía Salarial y 1,9% la Agencia Tributaria).   Pero el bosque del Sector Público Estatal se extiende hacia otros entornos no contemplados en esos cientos de órganos y organillos antedichos. Por esos parajes extrapresupuestarios crecen Entes de variado pelaje: más de 80 Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas empresariales agrarias, industriales, crediticias, de seguros (Loterías del Estado, AENA, SEPI, ADIF, Correos, FNMT, ICO, Consorcio de Seguros, etc.) con cifras de negocios cercanas a 28.000 M€; unos cuantos Entes de Derecho Público con funciones reguladoras (CNMV, CNE, CMT,…) con unos presupuestos de explotación de 442 M€; 49 Fundaciones Públicas sin animo de lucro (organizaciones que fomentan actividades culturales o científicas, que podían ser desarrolladas por los órganos del Estado que también actúan sin animo de lucro); 10 Consorcios con otros Entes para gestionar algún servicio conjunto, que podía ser realizado por cualquier persona de la sociedad civil con un simple contrato; 12 Fondos carentes de personalidad jurídica cuyos presupuestos de explotación ascienden a 3.314 M€ (Fondo de Adquisición de Activos Financieros, Fondo de Ayuda al Desarrollo, Fondo de Apoyo a la República Helénica, etc.). Y…. el Banco de España.   Todo lo anterior es una somera descripción de una locura nacional y de un despilfarro descomunal. Si a todo ellos añadimos las selvas regionales y locales que han crecido de forma descontrolada, el desmadre institucional de España alcanza cotas increíbles. Por eso muchos analistas piensan que uno de los grandes problemas españoles es la ausencia de dirección política y la caótica organización del Estado. No es de extrañar que los últimos acontecimientos económicos hayan aconsejado una poda del Gasto Público, pues la gestión de la “res pública” en una nación de dimensiones medianas como la nuestra es mucho más limpia, sencilla y económica que la descrita más arriba.