Sostiene Don Antonio García Trevijano que la corrupción es connatural a la partidocracia. La lucha de las oligarquías de la partidocracia no se dirige a impedir la corrupción sino hacia su propia impunidad. Con cada caso de corrupción que ha saltado a la prensa, hemos asistido al grotesco espectáculo de los mil y un ardides de la clase política, más allá de lo que es la legítima defensa de los implicados, para deslegitimar a la Justicia, a la policía y a los medios de comunicación que se hacían eco de ellos.   Entramados societarios, prestanombres, testaferros, paraísos fiscales; pero también de la presión partidista frente instructores, fiscales y policías, con la finalidad intimidar a quines instruían, investigaban o acusaban, y para trasladar a sus fieles votantes la idea de que eran víctimas de una conspiración, que todo era una falsedad organizada para desprestigiar al partido, para restarle apoyo electoral.   Fernández de la Vega, hoy flamante miembro del Consejo de Estado, antes de cesar como Vicepresidenta del Gobierno, decretó la exclusión de responsabilidad civil de partidos y sindicatos por actos de corrupción de sus militantes. Privilegio al que ninguno de los partidos y sindicatos opuso objeción. Sin duda, el temor a que la Justicia descubriera que ciertas tramas de corrupción estaban autorizadas y dirigidas por las cúpulas partidistas o sindicales, y la conciencia del riesgo en que se encontraban, hizo que el silencio se apoderase de la opinión publicada.   Hoy, la corrupción impune es una verdadera industria; las oligarquías de la partidocracia, con la práctica, han ido depurando sus métodos y sistemas. Nada se deja ya a la improvisación. Han sido tocados los aparatos del Estado encargados de depurar responsabilidades civiles, criminales y administrativas. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que Caamaño promueve, tiene como finalidad la impunidad de la partidocracia, al poner la investigación criminal, hoy en manos de jueces inamovibles, en las de un órgano dependiente del ejecutivo, el Ministerio Fiscal.   No ha bastado a la partidocracia con que la policía judicial sea orgánicamente dependiente del Ministerio del Interior, de manera que el Gobierno se enterase antes que el instructor del resultado de las pesquisas policiales e, incluso se reserve el conocimiento de algunas de ellas. Ni era suficiente que el Fiscal General del Estado fuera nombrado por el Gobierno y atienda sus órdenes sin rechistar. Ni era suficiente que los miembros del CGPJ, que son    quienes    determinan    los    ascensos, traslados y deciden disciplinariamente sobre jueces y magistrados, sean nombrados por los partidos.   La corrupción del Estado de Partidos está institucionalizada, forma parte del régimen de poder partidocrático, que además de no perseguirla, se blinda de sus consecuencias judiciales y hace cuanto está en su poder, que es mucho, para evitar que los escándalos de corrupción trasciendan a la opinión pública.   Desde el más insignificante puesto de trabajo en cualquier ayuntamiento de España, hasta el contrato público mejor dotados en los presupuestos oficiales, todo lleva el sello de la corrupción. Las decisiones políticas se adoptan en función de los rendimientos que la corrupción pueda deparar a quienes las toman, el interés público está, como los trajes viejos, colgado en un antiguo armario del desván cuya llave se ha perdido.   Hoy se puede denominar este régimen, sin temor a exageración alguna, Estado de Corrupción. La industria de la corrupción institucionalizada y generalizada cuenta con delegaciones partidistas, pero es una y sus reglas y blindajes se consensúan y silencian. Quien sabe si no tardando cotizará también en bolsa.