Cuando en 2007 se hizo evidente que la burbuja inmobiliaria iba a estallar y que la construcción se desplomaría, pudimos ver grandes titulares en los que se anunciaba a bombo y platillo que “la industria estaba tomando el relevo”. Pues bien, cuatro años después (marzo de 2011, datos de la EPA) la industria ha destruido 773.760 empleos –el 23,3% del total– y el nivel de ocupación en el sector secundario se encuentra en el más bajo de la historia reciente; muy por debajo, por ejemplo, del que existía en 1984. Y, peor todavía, todo indica que este dramático proceso de desindustrialización se está acelerando (*).   Existen varios datos que apuntan en esta dirección. El primero son las afiliaciones desestacionalizadas en la industria, que han caído en los cinco primeros meses del año en 32.429 personas, mientras que en los cinco últimos del año pasado lo hicieron en 13.408.   El segundo es el IPI* (Índice de Producción Industrial), que en abril ha acelerado su caída del -0,4% de marzo hasta el -1,6% interanual corregido de variación estacional y calendario.   El tercero y más preocupante es el PMI manufacturero (*), que desciende desde 50,6 en abril hasta 48,2 en mayo. Se trata de un indicador adelantado que anticipa nuevas y más intensas caídas en el IPI y en el empleo.   En conclusión, la pujanza del sector exportador no es capaz de sostener la actividad industrial, lastrada por un nuevo desplome de la demanda interna motivado sobre todo por los excesos de un sector público que sistemáticamente emplea de un modo calamitoso los escasísimos recursos disponibles y por el lastre que supone la deuda externa que, a día de hoy, sigue creciendo.   Ya que el problema de la deuda externa es mucho más difícil de resolver –aunque en algún momento tendrá que abordarse–, es urgente el mejorar de forma drástica el pésimo uso que se hace de los presupuestos públicos. Sin embargo, al estar esta cuestión íntimamente ligada a las tramas clientelares y de corrupción intrínsecas al sistema partitocrático, el resultado es que un problema en principio puramente económico se transforma en uno político, que requerirá para su solución cambios radicales.