El anterior presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan considera que la burbuja inmobiliaria se debe a un “error de cálculo” del sector financiero, y vincula la crisis de las hipotecas de alto riesgo (“subprime”) a una “ilusión” de grandes oportunidades de negocio, sin tener en cuenta la escasa fiabilidad de estos productos. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional defiende una intervención gubernamental global para encarar la crisis crediticia, Alan Greenspan sostiene que el libre mercado “no tiene rival” en la organización de una economía. El citado economista advierte sobre la vulnerabilidad de la economía española, ya que aquí la “burbuja” ha sido más grande que en EEUU y el resto de Europa.    Según el Instituto de Estudios Fiscales, el 44% de las inversiones municipales se financia con la venta de suelo público y la firma de convenios urbanísticos. Ahora, la capacidad de endeudamiento de los ayuntamientos está agotada, y toca a su fin la forma de afrontar el gasto social, que gracias al sector de la construcción, no implicaba una subida apreciable de los impuestos y tasas municipales. Aparte de la fabulosa acumulación de capital que el boom inmobiliario ha representado para las grandes empresas constructoras, también ha generado una fuente de enriquecimiento ilícito en unos ayuntamientos que se han visto salpicados por numerosos casos de corrupción urbanística.    El Fondo Monetario Internacional augura que los precios de la vivienda descenderán hasta un 20%, lo que significará que la mayoría de los que tienen su casa hipotecada estarán pagando un crédito mucho más caro que el valor real de los inmuebles. Ante esta depreciación, la ley hipotecaria permite a los bancos exigir que se hipotequen otros bienes como garantía añadida.   Merced a unos tipos de interés bajos y a una ilimitada confianza en la subida de los precios de las viviendas, muchos ciudadanos se han visto condenados a pagar mucho más de lo debido. Debido a la falta de control político y la “fiebre del ladrillo”, se ha permitido un lucro incesante a los negociantes del poder, que no están obligados a devolver sus ganancias.   hechos significativos No está funcionando ninguna de las dos docenas de plantas desaladoras repartidas por el arco mediterráneo, que el Gobierno se comprometió a poner en marcha en 2008 para acabar con el problema del agua, sin necesidad de trasvases. Condenan a 16 años de cárcel al patrón de una patera que ordenó desembarcar a unos 50 metros de la orilla a unos pasajeros que no sabían nadar. Diez de ellos murieron. Dimite el responsable federal de Justicia de UGT, Joaquín Vela, tras la desconvocatoria de la huelga.