ZP (foto: Partido Socialista) La defensa de la libertad   «La experiencia nos debería enseñar a ponernos en guardia -dijo el juez Louis Brandeis (1856-1941) durante el juicio del caso “Olmstead versus United States” en 1928- para proteger la libertad cuando las intenciones del gobierno parecen ser beneficiosas».   Decía también, pero ayer como quien dice, nuestro simpático y gracioso jefe cantonal, a quien yo me resisto a llamar presidente del Gobierno -con un «talante» bien diferente al del célebre juez norteamericano-, que lo bueno de la situación económica y del paro que afligen a España es que pueden servir como materia para experimentar las recetas contra la crisis, haciendo de España un privilegiado laboratorio para estudiar las causas de la miseria en el mundo. Por desgracia, para lo que sirve una situación tan detestable, como la presente crisis política y económica en nuestro país, es para comprobar algo aún más terrible y directamente derivado de ella. Y esto no es sino la pérdida o la amenaza de todo el sistema de libertades, pues conviene recordar aquí que éstas no andan solas y cada una por su lado, sino que forman un indisoluble conjunto, de forma que la disminución o la ausencia de cualquiera de ellas repercute de forma directa sobre las demás.   «Los hombres nacidos para la libertad -continúa el juez Brandeis- están alerta para repeler la agresión a esa libertad por parte de dirigentes malintencionados».   En artículos recientes hemos tratado de demostrar desde esta tribuna de la libertad que las causas políticas de fondo de  la  actual crisis económica, al sustituir la economía productiva del país a favor de la «improductiva inutilidad» de una clase política intervencionista y cleptocrática -del Estado y de la sociedad civil-, atentan frontalmente contra la libertad económica, que es una libertad social y colectiva. Desposeídos de medios para ganarse la vida, y sin perspectivas de mejoría económica, ya que la clase política no da la menor señal de corregir sus abusos, millones de parados, una gran parte de ellos hipotecados, son expulsados al paro, que es como decir a la indigencia y a la intemperie, convirtiéndose en auténticos parias sociales y políticos, pues en su situación cabe muy fundadamente sospechar que serán incapaces de ejercer hasta el más pequeño de sus derechos.   La concentración de la inmensa mayoría de los medios de prensa, así como de los audiovisuales, en manos del propio Estado de Partidos o de sus socios de la oligarquía económico-financiera, en forma de escandaloso monopolio estatal -central, autonómico y municipal- y no menos indecorosos oligopolios privados a su servicio, han evitado el florecimiento de una verdadera opinión pública, creando, por el contrario, una artera «opinión publicada o publicitada», que ha contribuido a excluir cualquier atisbo de inteligencia y moralidad en la vida pública española.   «Mas los mayores peligros para la libertad -concluye el juez- se esconden en la insidiosa usurpación que llevan a cabo hombres bienintencionados pero celosos en exceso y de escasas luces».