Los más de 400.000 euros que la esposa de Artur Mas y la cuñada de Pasqual Maragall han recibido en subvenciones para su empresa sanitaria no son sino un síntoma de que “la corrupción catalana quiere independizarse con su Estado propio”, según declaró Antonio García Trevijano en los informativos de Radio Libertad Constituyente. En el citado programa, se abordaron además los casos de corrupción del ex marido de la dirigente socialista Elena Valenciano, que recibió créditos de la Junta de Andalucía, y de la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano (PP), quien ha conseguido colocar a su hijo Andrés Porras Soriano y a su yerno, Federico Céspedes Castellón, en sendos puestos de alta dirección del Ejecutivo central y regional. Todo ello, unido al caso de Miguel Blesa, el ejecutivo amigo de José María Aznar que hundió Bankia y que ya fue advertido en 2006 de su arriesgada política de créditos al ladrillo por el Banco de España sin que hiciera nada para evitarlo, conforman el mapa de la corrupción en España, del que Cataluña quiere aislarse para mejor manejar la suya propia.
Curiosamente ayer el juez del “caso Urdangarín”, José Castro, inició en Barcelona una nueva ronda de interrogatorios a 57 testigos del “caso Nóos”, para tratar de averiguar cómo se produjo la prestación de servicios por parte de esas personas al instituto sin ánimo de lucro presidido por Iñaki Urdangarín. El duque de Palma y su exsocio, Diego Torres, están imputados por la supuesta captación y desvío de casi 6 millones de euros de fondos públicos de los gobiernos valenciano y balear.
Las declaraciones se retrasaron una hora porque, por segunda vez, no acudió a la cita la editora Carmen Balcells, de 82 años, quien en junio tampoco atendió la citación judicial por un error en la misma. Balcells no declarará ni este lunes ni el martes, dijeron fuentes judiciales a “Público”. La nueva ronda de interrogatorios tiene lugar apenas veinte días después de que el fiscal del caso, Pedro Horrach, se desplazara a la capital catalana para tomar declaración a una treintena de proveedores del Instituto Nóos, con el objetivo de indagar si las facturas que presentaron se ajustan a los costes de los convenios que la entidad estableció con los gobiernos de Baleares y Valencia.
