En el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se puede leer que los imputados en la red de corrupción tejida por Francisco Correa y compañía, establecieron “un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de entidades públicas, en particular de algunos ayuntamientos y Comunidades Autónomas” (Madrid y Valencia, sobre todo). Correa daba instrucciones para realizar sobornos y entregar dádivas a funcionarios y cargos públicos con el fin de obtener un provecho económico y paralizar procedimientos que afectasen a su patrimonio.   Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y actual gerente de las empresas de Correa, también indicaba que se diesen “cantidades de dinero” y regalos en especie con el objeto de “mover voluntades de quienes tenían responsabilidades” y así conseguir tratos de favor en la concesión de actos: lo cual era algo “común y frecuente”.   El PP, alegando “absoluta indefensión”, solicita personarse como acusación particular y pide la recusación de Garzón por su “enemistad manifiesta” y “constante animosidad hacia el PP”, y su “interés directo o indirecto en la causa que se ha presentado”, que le privan de la “necesaria y exigible imparcialidad”. La cacería “berlanguiana” en Torres (Jaén) donde coincidieron el citado magistrado y el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, es descrita por Federico Trillo como “una insólita versión lúdica del principio de unidad de poder y separación de funciones”: “alguno de ustedes parece que señala y apunta y el otro dispara”.   Además, el PP, amenaza al PSOE con romper el pacto de Estado para “modernizar” la Justicia; y apoya la huelga de los jueces, compartiendo plenamente la plataforma reivindicativa de éstos, que “es mayoritaria en la carrera”. Sin embargo, el ministro Bermejo dice que las juntas de jueces carecen de legitimidad para convocar la protesta del día 18 y se refiere a un “movimiento asambleario y minoritario”. Zapatero recomienda al partido de la oposición “mesura y tranquilidad” y garantiza a los ciudadanos que “el Estado de Derecho funciona en este país bien y la ley es para todos”.   hechos significativos Campaña de los nacionalistas catalanes para que los JJOO de 2016 no se celebren en Madrid, capital de “uno de los Estados que les oprime desde hace siglos”. Rosa Díez ve “con gran preocupación” cómo más del 60% de la población “ya no cree en la política”, según un sondeo del CIS. La principal asociación de fiscales se suma a las protestas del 18-F.