Ilustración: Alejandro Pérez La Justicia está en huelga. Y los empleados del Ministro de Justicia, también. Poco importa la chispa final que ha encendido esta hoguera en la judicatura. El colectivo de trabajadores del Ministerio de Justicia ha saltado como un resorte y ha convocado un paro para el día de hoy.   Y es que la situación se está haciendo cada vez más insostenible entre los profesionales del derecho.   Durante años han tenido que aguantar y padecer, junto a los demás ciudadanos de este país, injusticias y tropelías cometidas a manos de los detentores de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Casos como el linchamiento del juez Gómez de Liaño; pantomimas como los juicios del GAL o del 23F; promulgación de leyes sobre maltrato que eliminan la presunción de inocencia y dejan al 50% de la población indefensa; leyes de paridad que no igualan, sino que acentúan los enfrentamientos entre sexos; fallos del Tribunal Supremo que obligan a los padres a aceptar el adoctrinamiento ideológico de sus hijos… Han tenido que actuar como el brazo ejecutor de la cabeza totalitaria enquistada en el Estado. Si a eso se le añaden unas malas condiciones laborales, la conflagración tenía que originarse, antes o después.   Lo decepcionante de este paro judicial sería que todo quedara relegado a unas reivindicaciones laborales, por muy legítimas que puedan ser, y al olvido después de conseguir unas pocas prebendas.   Quizá los encargados de aplicar las leyes deberían plantearse su protesta de otra forma. Podrían tener más éxito en sus reivindicaciones si aplicaran realmente esas leyes, empezando con la Carta Magna. Bastaría con hacer cumplir el artículo 67.2 para declarar todas las leyes inconstitucionales [1, 2] y que el sistema saltara por los aires.   Es posible que la huelga de los empleados del Ministro de Justicia se solucione en poco tiempo. Pero la huelga general de la Justicia, no. La Justicia está en paro desde hace más de 30 años. Ni siquiera ha tenido un contrato temporal, ni una beca. Le dieron el finiquito las cortes legislativas autonombradas constituyentes en 1978. La Constitución fue su carta de despido.