Los preliminares del ritual de apareamiento postelectoral sacan a la luz los temas estrella de la próxima legislatura. Las notas comienzan a escribirse en el pentagrama nacionalista en busca de la ansiada estabilidad de gobierno, convertida una vez más en auténtica Razón de Estado. La historia se repite, y en lo que a la Justicia se refiere el único asunto de trascendencia parece ser la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.   Más que renovación, debería hablarse de novación. No se trata de depurar o sanear institucionalmente el órgano de gobierno de los jueces separándolo del resto de poderes, sino de sustituir sus miembros adecuando la presencia de los partidos en el CGPJ en función del nuevo juego de mayorías, fruto de un pactismo del que los ciudadanos son meros espectadores. No hay asomo de una sola medida en pro de la independencia de la Judicatura, reduciéndose a meras propuestas de sustitución personal que se dice contribuyen a la regeneración y reforzamiento de nuestro querido “Estado de Derecho”, palabra hueca donde las haya y de corriente uso en la conversación política.   Sede del CGPJ (foto: costra_blanca6). Identificar Estado de Derecho y Principio Democrático resulta totalmente erróneo si por Estado de Derecho se entiende el equivalente a “Imperio de la Ley” o acción estatal destinada al cumplimiento obligatorio de las leyes emanadas del poder legislativo. Lo único que significa es la obligatoriedad de la norma sin tener en cuenta su legitimidad y mecanismos de orden constitucional en su elaboración. Tan Estado de Derecho es éste como, el estado nazi alemán,  la dictadura cubana o la Venezuela chavista. Las normas emanadas del Reich, de la Constitución Popular Cubana o de la Constitución Bolivariana también eran en el primer caso y lo son en los otros, de inexcusable y obligado cumplimiento.   En el caso español el tan cacareado reforzamiento del Estado de Derecho se traduce en la toma partidista de posiciones de ventaja en los órganos y Tribunales Político-Judiciales para dar falsa legitimidad a normas injustas y Estatutos, asegurándose resoluciones favorables a aquellos que los promueven.