No se hacen precisas sesudas reflexiones para descubrir que en España no existe independencia judicial ni por ende, separación de poderes. Basta con estar atento a las declaraciones que realizan los mismos que defienden a este providencial “Estado de derecho” para pillarles en renuncio. Los lapsus no son sólo del logos político, sino que alcanzan el cognos conceptual del argumentario de régimen.   El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior, D. Alfredo López Rubalcaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 26 de Abril aseguró que el gobierno está “tratando que se revise” la doctrina del Tribunal Constitucional sobre cómputo de penas privativas de libertad. Tales declaraciones se produjeron en contestación a la prensa a preguntas sobre la liberación del histórico etarra Antonio Troitiño. “Hay una jurisprudencia que estamos tratando de que se revise” dijo Rubalcaba cuando fue preguntado acerca de la decisión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de no solicitar medidas de seguimiento sobre el terrorista a la espera de que se decidiera el recurso presentado por el Ministerio Público contra su libertad.   Ante tales sorprendentes declaraciones debemos preguntarnos de qué manera el ejecutivo va variar la jurisprudencia de un poder judicial que se reclame independiente. ¿Será a través de sus delegados políticos en el Consejo General del Poder Judicial que determina la composición de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo? ¿O tirarán por la vía rápida de cursar las órdenes oportunas a los miembros del propio Tribunal Constitucional que ellos mismos han designado? Y es que no hay otra.   Rubalcaba habla claro en esta ocasión y reconoce que la jurisprudencia española viene dictada por el poder político, que la marca, lava y peina a su antojo. Que desde el ejecutivo se reconozca con tal contundencia la ausencia de independencia judicial consustancial a la ausencia de separación de poderes en origen o es cinismo o estulticia. Más bien lo primero según la justificación ofrecida ante las preguntas sobre la posibilidad de condicionamientos políticos en la excarcelación: “Creo que el tema ha sido tratado por la Fiscalía que ha recurrido y dejemos que funcionen los tribunales, lo he dicho una y mil veces: los tribunales hacen sentencias y el Gobierno las acata y respeta”. ¡Cómo no, si ustedes dictan su jurisprudencia!