El exministro de Justicia, don Juan Carlos Campo, se reincorporará en breve a su puesto como juez en la Audiencia Nacional. No es sólo que vuelva a la judicatura sino que además vuelve a su mismo destino en la Sala de lo Penal que dejara para emprender su carrera política con responsabilidades de gobierno. Y no unas responsabilidades cualquiera sino las del Ministerio de Justicia, desde donde el ejecutivo la maneja y controla con criterios de oportunidad política.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado ya su reingreso en la carrera judicial precisamente el mismo día que prorrogaba la situación de servicios especiales de su sucesora en el Ministerio tras cesar como presidente del Senado. Se trata de Dña. Pilar Llop, quien también es juez.

Para que luego hablen de independencia judicial. Sólo se puede entender la acogida legal del salto de la judicatura a la política, con billete de vuelta, con la plena consciencia de que en España la Justicia depende del poder político.

Las más elementales normas de higiene institucional exigen que el miembro de la jurisdicción que luego ostente cualquier cargo político, o si quiera que se postule al mismo, no pueda reincorporarse a su puesto en un plazo razonablemente prudencial, que García-Trevijano en su Teoría Pura de la República fecha en cinco años, y en todo caso, nunca en su misma plaza o puesto que dejara vacante en su día.

Así se evitarían conductas tan extravagantes como aventureras que desprestigian a la corporación judicial en pleno demostrando la dependencia clientelar de quien se supone absolutamente libre, responsable, inamovible y únicamente sometido a la ley para el ejercicio de la función jurisdiccional. Los Garzón, Pérez Mariño, Grande-Marlaska, Zoido, López, Robles y demás exploradores sopesarían dar el paso al tener que valorar la trascendencia pública de su decisión comparándola con la personal de su propia situación en el escalafón.

La correlativa eliminación del «cuarto turno» evitaría el trasvase contrario impidiendo que la judicatura se nutra de magistrados dóciles que entran por la puerta de atrás de su particular posición política o sindical con ascendiente y patrocinio de las asociaciones judiciales presentes en los tribunales de selección.