La Junta Electoral de Córdoba ha prohibido dos manifestaciones que tenían prevista su realización el pasado día 17 de noviembre. Una, convocada por los empleados públicos de Andalucía, como protesta frente a la reordenación del sector público que se está llevando a cabo (y que incluye el famoso “decretazo”)1 . Otra, liderada por la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía (CTA), que pretendía llamar la atención sobre la grave situación de desempleo en la capital cordobesa2. En ambos casos, la argumentación para desestimar la convocatoria es la misma: que las críticas pueden inclinar el voto hacia las fuerzas que no están en el gobierno, y por tanto, no son criticadas. ¡Acabáramos! Las críticas hacia un gobierno u otro, hacia tal o cual partido, sólo pueden venir de los agentes que están legalmente capacitados para hacerlo: la oposición u otro partido estatal. O en todo caso, de los medios de opinión publicada al servicio de los partidos. Los ciudadanos, jamás podrán hacer oír su voz, y menos si hay campaña electoral y se deben guardar las formas.   Pero acallar los escándalos es cada vez más difícil. En la comunidad andaluza, el caso de los EREs falsos y el “fondo de reptiles” ya salpica a las máximas autoridades3 y asociados4 del partido gobernante, e incluso llegó a involucrar a la oposición5. Es extraño que la Junta Electoral no haya prohibido las actuaciones de la juez Alaya encargada del caso, sobre todo tras las declaraciones de destacados altos cargos del partido de turno, que la acusan de “entrar en campaña”6,7. Quizá se deba a que el politizado Consejo General del Poder Judicial le ha echado un capote a la magistrada8, viendo que se avecinan tiempos revueltos: no hay que enemistarse con los que, tras la farsa electoral, van a tener la capacidad de nombrar a dedo a los vocales del máximo órgano judicial.   Mientras tanto, entre un levantamiento y otro de los inextinguibles dinosaurios no-muertos de los partidos estatales, el partido a la izquierda del socialista se encuentra con un regalo inesperado: Unicaja le perdona más de 2’5 millones de euros de deuda9. ¿Qué demandas deberá atender ese partido si alcanza una posición de poder? ¿Las de sus votantes, que aunque le proporcionan ingresos con sus votos no le pueden exigir responsabilidades? ¿O las del generoso y desinteresado banco? Reflexionen, reflexionen.   El 18 de noviembre, tras la jornada de votación, nos levantaremos como si algo hubiera cambiado. Se habrán abierto las ventanas para que los miasmas de un vertedero sustituyan el hedor de la cloaca sobre la que estábamos viviendo. ¡Votad, votad, malditos!