El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), D. José Luis Concepción, ha lamentado públicamente que la Administración de Justicia permanezca siempre pendiente de la asignación económica procedente de los Presupuestos Generales del Estado y ha reclamado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sea quien administre el presupuesto.   Concepción participaba en un acto institucional convocado por el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, inaugurando la nueva sede del Juzgado de Paz de la localidad acompañado por su Alcalde, el socialista D. José Luis Vázquez. En declaraciones a los periodistas durante dicho acto, el Magistrado señaló que con el presupuesto que asigna el Gobierno para la Justicia no puede estar satisfecho nunca, porque “más que un aumento, lo que debe haber es un gran consenso político para que ese presupuesto se administre por el Poder Judicial y no tenga que estar llamando a la puerta del Poder Ejecutivo, y que sea el CGPJ el que lo administre”, aseverando seguidamente que la Justicia “es la asignatura pendiente de la democracia”, intimando a las fuerzas políticas a que tomen conciencia de que hay que invertir en la Justicia, porque “es un servicio público que nos hace ganar crédito, tanto dentro como fuera de nuestro país”.   El togado acierta al diagnosticar la enfermedad, pero yerra tanto en sus causas como en el remedio. Efectivamente el diseño constitucional de los poderes del estado en esta monarquía de partidos pone en situación de subordinación jerárquica, funcional y económica a la Justicia respecto del poder único e inseparado en manos de los partidos. Pero en lo que al factor presupuestario se refiere, la solución no es entregar las cuentas y administración de la potestad jurisdiccional a un CGPJ elegido por esos mismos partidos para que nada cambie, sino la sustitución de éste por un Consejo de Justicia –en la precisa conceptuación que realiza García-Trevijano en su “Teoría Pura de la República”- elegido por todos los operadores jurídicos, que no sólo administre, sino que elabore y ejecute su propio presupuesto.   El control presupuestario del titular de la potestad judicial del estado encuentra su contrapunto institucional y equilibrio en la necesaria aprobación del presupuesto que confecciona por una comisión mixta formada por el mismo número de representantes del legislativo y del ejecutivo, que en caso de rechazarlo lo devolvería al Consejo de Justicia para su enmienda y nueva presentación a la aprobación.