El 48% de los españoles opina que la Justicia funciona mal o muy mal. Sólo un 10% de la población considera que lo hace correctamente según los resultados que arroja el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer elaborado con la colaboración de Demoscopia. Además, las reformas de Caamaño hacia la administrativización (municipalización de los registros civiles, atribuciones jurisdiccionales al Secretario Judicial, imposición de tasas para recurrir…) se valoran intuitivamente de forma negativa. Así, el 30% de los encuestados considera que la Justicia funciona peor ahora que hace dos o tres años. En general, los resultados no son buenos y la valoración de la judicatura por los ciudadanos está en el momento más bajo de los últimos veinte ejercicios.   Esa intuición alcanza a identificar la inseparación de poderes a tal punto que la Administración de Justicia mantiene en el tiempo una valoración correlativa y coincidente con la del Gobierno de España, obteniendo un 4, 2 y un 4, 1 respectivamente en una escala de 0 a 10. El Barómetro pone de manifiesto un empeoramiento progresivo de su imagen paralelo a cada reforma jurisdiccional, percibiendo las supuestas mejoras organizativas en sentido contrario al de sus promotores gubernamentales independientemente de su color político. Sin perjuicio de que seis de cada diez ciudadanos consideren que la justicia está anticuada, siete también de cada diez refieren que es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia.   Es significativo que el 49% de la ciudadanía no crea que los Tribunales sean imparciales en su actuación. El 54% de los españoles piensan que a la hora de enjuiciar un caso y dictar sentencia, los jueces no actúan con independencia. Aun así, en el caso de ser encausado en juicio penal, el 52% prefiere ser juzgado por un juez antes que por un jurado popular elegido entre sus conciudadanos por sorteo. De hecho, lo que subraya la intuición popular de que los problemas de la Justicia tienen origen institucional es que el 60% considera que los magistrados están bien preparados y son sobradamente competentes.   Según este estudio sociológico, los españoles creen que los Tribunales actúan dejándose influenciar por los intereses del Gobierno (60%), las presiones de grupos económicos o sociales (59%), e incluso por los medios de comunicación (52%). El 65% considera que los jueces tienden, sin género de dudas, a favorecer o perjudicar a los miembros de alguno de los principales partidos políticos.