El pasado 6 de noviembre se reunió por primera vez la subcomisión creada en el Congreso para estudiar la reforma de la Ley Electoral.   Si alguien ha contenido el aliento con la esperanza de que la clase política haya acordado por fin entregar a la ciudadanía el poder electoral abandonando el sistema proporcional a favor del mayoritario, o creando elecciones separadas para ejecutivo y asamblea de legisladores, que abandone toda esperanza. Baste apuntar que dicha subcomisión la preside D. Alfonso Guerra, el mismo que en palabras propias “mató” a Montesquieu el año 1.985 con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que personalmente impulsó.   La toma de posiciones de cada miembro del “petit comité” pone a las claras los verdaderos intereses en juego. Mientras el PP, el BNG y Coalición Canaria quieren comenzar las labores de la subcomisión atendiendo al voto emigrante, con el fin de que los residentes en el extranjero puedan votar en urna lo antes posible, el PSOE sigue poniendo en primer lugar la universalización del derecho de voto a los inmigrantes en las elecciones municipales, que actualmente se encuentra restringido a los nacionales de estados miembros de la Unión Europea. Por su parte IU aspira a la modificación del sistema electoral limitando a uno el mínimo de escaños por provincia, ampliando a cuatrocientos el número de diputados del Congreso y creando un “colegio de restos” que permitiría compensar a las terceras fuerzas de ámbito estatal. Cada cual arrimando el ascua a su sardina.   También CIU, que sugiere la inclusión de las listas abiertas en los municipios de hasta quinientos habitantes donde se presente, para aprovechar así la cercanía y poder institucional adquirido en años de poder autonómico en favor de los candidatos propios. Esta última formación también propone un sistema electoral mixto que permita la elección de los parlamentarios a través de un esquizofrénico sistema de doble voto (a la candidatura y al diputado).   Se trata en definitiva y una vez más de cambiar para que todo permanezca exactamente igual. Ninguno de los partidos está dispuesto a salir del Estado, a perder la subvención ni a entregar el poder de decisión sobre elección y revocación de representantes a la ciudadanía. La reforma legal emprendida se asienta sobre las bases de la proporcionalidad del sistema electoral mediante el sistema de listas, ya sean abiertas o cerradas, que confeccionan los únicos agentes que en el proceso electoral se reconocen, los partidos políticos.   La experiencia del Sr. Guerra en la materia, rescatado del ostracismo del partido para la ocasión, es motivo más que fundado para suponer que los trabajos de la Subcomisión llegarán a buen puerto.