En su participación en la conferencia organizada por los Colegios de Abogados y Procuradores de Ávila sobre los retos de la Administración de Justicia en el siglo XXI, el Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), D. Fernando De Rosa, manifestaba el deseo del órgano del que forma parte de que las últimas reformas legislativas que se encuentran en tramitación “se aparten del conflicto partidista”, despolitizando la Justicia y convirtiendo ésta en “un bien de Estado”. De manera sorprendente y contradictoria su intervención culminaba con una llamada a la confianza en las reuniones solicitadas por el CGPJ y el Tribunal Supremo con los grupos parlamentarios para tratar sobre las referidas reformas judiciales.   Al margen de que las últimas reformas de orden procesal poco tengan que ver con la estructura institucional de la Justicia y sí mucho con la tutela judicial efectiva de los justiciables por cuanto de recorte de la misma suponen, resulta paradójico que se apele a la despolitización de la justicia y seguidamente se llame a la puerta de los partidos para llegar a esa meta. Esto sí que es estar en misa y repicando. Estamos ante un claro ejemplo del razonamiento circular de esta justicia de poderes inseparados, que se enfrenta a la irresoluble cuestión de pretender garantizar la independencia judicial sin haber separado antes en origen los poderes del Estado.   Es la cuadratura del círculo judicial que se manifiesta en las propias palabras pronunciadas por De Rosa: “La capacidad para pedir estas reuniones corresponde al Presidente del Supremo, Carlos Dívar, que me consta que ya ha tramitado las iniciativas oportunas para reunirse con el Presidente del Gobierno y el líder de la oposición”. En lugar de exigir respeto institucional exigiendo presupuesto propio e independencia orgánica y funcional, se mendiga la tolerancia a la integridad personal de los titulares de la función jurisdiccional. La sinrazón puede ser coherente internamente, éste es el caso, pero llevará siempre a una consecuencia igual de descabellada. De ahí que indefectiblemente ese razonamiento circular de inseparación lleve a la progresiva burocratización de la justicia mediante su administrativización.   Se puede así formular una regla general del siguiente tenor: Toda reforma de la Justicia desde el poder político sin separación de poderes en origen tenderá a aumentar los mecanismos de sometimiento de aquella a éste y a reducir correlativamente los escasos espacios de independencia personal de los titulares encargados de impartirla.