A ciento sesenta y tres días vista de la imputación del Sr. Urdangarín por los delitos de fraude a la administración, malversación y fiscal el programa de este pasado Lunes de “Independizar la Justicia” contaba, como habitualmente, con la participación de D. Jesús Santaella y D. Antonio García-Trevijano. La primera noticia, de carácter legislativo, era la publicación de la Orden Ministerial que ponía negro sobre blanco la amnistía fiscal decretada por el Gobierno. Santaella destacaba como a pesar de la eliminación de cualquier referencia expresa al orden penal de la norma administrativa, los efectos en el mismo eran evidentes: “También debiera desplegarlos en el orden penal en cuanto si en el orden administrativo cumplidos estos requisitos se consideran regularizadas las cuotas se entraría en el supuesto del apartado cuarto del artículo 301 del Código Penal, de la excusa absolutoria”. A lo que García-Trevijano añadía “esto quiere decir que el Consejo de Estado ha ratificado en gran parte al menos la opinión, nuestro dictamen, que emitimos en su día en esta radio sobre la amnistía fiscal”.
Precisamente García-Trevijano traía a colación la incidencia de esta Orden Ministerial y la aplicación de la amnistía fiscal a los capitales de posible afloramiento por las operaciones suizas del Banco de Santander cuya filial al efecto en el país alpino abandonaba: “Dado el desprestigio actual de la banca española por la crisis, hay que añadirle el hecho comprobado de la divulgación de lo que sabíamos las personas expertas de la trama bajo la que se desarrollan los delitos de corrupción y de evasión de capitales, pero ahora se difunde que el Banco de Santander ha organizado, no lo de Emilio Botín, sino lo de centenares de personas para sacar dinero a Suiza”.
El caso de corrupción de los ERE andaluces y la instrucción de la Juez Alaya ocupó buena parte del programa. Los participantes destacaron la probabilidad de que el asunto salga de su competencia para pasar al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dado el carácter de diputados nacionales y regionales de algunos de los implicados, a no ser que se desglosen las oportunas piezas separadas. Tampoco podía faltar el oportuno tratamiento a las novedades del Caso Urdangarín y el nefasto papel de la Justicia con su dejación de funciones en la plena investigación de la responsabilidad de D. Carlos Dívar por los gastos denunciados como ajenos a su función y tan solo apelando a la palabra de honor de Presidente del Tribunal Supremo, lo que Santaella definió, como “ la consecuencia de un antiguo resabio franquista”.
Fotografía: Juez Alaya
Pedro M. González
