La corrupción de la Justicia es una consecuencia ineludible de su control político. En un sistema de poderes inseparados, los atisbos de una dignidad imposible por los contados Jueces y Magistrados que pretenden resistir a la presión dominadora del poder único, no pasan de ser simple nota exótica e impotente, rápidamente sofocada.   Foto oficial de Joseba Azcárraga En la apertura del año judicial en el País Vasco, el Presidente de su Tribunal Superior de Justicia, D. Fernando Ruiz Piñeiro, afirmó la necesidad de limitación de los poderes públicos por los deberes jurídicos, aseverando ante el sorprendido palco de autoridades que las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos “no pueden basarse sino exclusivamente en la Ley y el Derecho”, destacando que en Democracia “el monopolio jurisdiccional” es la “garantía única” del respeto de los derechos y libertades fundamentales.   Las inocentes declaraciones del Magistrado que siguiendo el hilo argumental concluyeron en afirmar que “la falta de libertad que sufrimos los ciudadanos vascos se debe, en gran medida, al no respeto a la Ley”, llegaron a lo intolerable en consideración de los representantes políticos cuando tuvo la osadía de solicitar de los poderes públicos a los que se dirigía que “respeten y hagan respetar la Ley”.   La respuesta automática del consejero de Justicia vasco Sr. Azkárraga ha sido contundente, criticando las declaraciones del temerario togado, respondiéndole públicamente que “no son los jueces los que tienen que poner límites a un pueblo” (sic). El vago recuerdo al Anschluss hitleriano basado en el derecho colectivo del pueblo alemán de las afirmaciones del Sr. Consejero,  .hmmessage P { margin:0px; padding:0px } body.hmmessage { FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY:Tahoma } es bastante más explícito cuando termina su réplica al Juez señalándole que su deber es también ser garante de “los derechos colectivos de los pueblos” (sic).   La anécdota se convierte en categoría con el vergonzoso silencio del Consejo Poder Judicial, cuya respuesta en amparo del Magistrado, si existiera independencia judicial, habría de ser inmediata. Claro que exigir a los vocales nacionalistas en el Gobierno de los Jueces una respuesta en tal sentido, supondría subvertir las bases mismas del sistema de control político de la Justicia.