Tras la finalización de las XXI Jornadas de Jueces Decanos celebradas en Vitoria, los participantes han emitido una nota sumamente crítica con el actual sometimiento político de la Justicia. Cuarenta y tres decanos de otras tantas ciudades españolas firmaron el documento de conclusiones en el que dicen “basta ya” al desprestigio de la función jurisdiccional del que responsabilizan a los poderes políticos del estado. En su comunicado critican expresamente, lo que constituye noticia por si mismo, la “politización” de la Justicia y el “excesivo protagonismo” de los partidos políticos en sus órganos de gobierno, especialmente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).   “La tendencia expansiva e invasiva del poder político no cesa y está causando un enorme daño a la carrera judicial, ajena por completo a esta situación, que los jueces deseamos que cambie radicalmente” sentencia el documento presentado por el Juez Decano de Zaragoza D. Ángel Dolado. El togado durante su presentación se lamentaba del desprestigio que ofrecen las encuestas acerca del sistema judicial que atribuye a la influencia de los “poderes políticos y fácticos” y la percepción de sometimiento a éstos de una justicia ante la que unos son más iguales que otros.   No sirve sin embargo el simple deseo. Los jueces y magistrados deben ser pieza clave en el cambio del actual sistema de dependencia. Como juristas no pueden desconocer el origen de esta tendencia centrípeta del poder inseparado sobre la jurisdicción. Y si conocen el enorme daño que está causando en la confianza en la Justicia, no pueden permanecer impasibles aceptando la imposición gubernamental de sus jefes supremos, la ministerial de su presupuesto, ni el filtro político que sobre sus decisiones establece la clase política a través el Tribunal Constitucional. Tampoco pueden asumir pacíficamente, y lo hacen, que la digna representación de la legalidad sea una estructura jerárquica regida por los principios de subordinación y dependencia jerárquica en cuya cúspide se sitúe a alguien fuera de la misma carrera que debe juzgar, y que además sea elegido por el jefe del ejecutivo.   Es inútil, al revés que en la fábula, croar en la charca por el envío de un leño como rey en lugar de la cigüeña que les devora. Así actúan cuando piden como solución a lo que detectan como problema, que sean los jueces y solo los jueces en lugar de todo el cuerpo electoral formado por la profesión jurídica en su amplitud quienes elijan a sus máximos responsables y elaboren su presupuesto. La endogamia de las puñetas no es la solución. Tampoco la demagogia de la elección por el mismo cuerpo electoral que elija los poderes políticos dado el carácter codificado de nuestro Derecho. En ambos casos el papel de la parasindicación que constituyen las asociaciones judiciales serviría para transponer a su campo de actuación la lucha de los partidos que mantienen ahora en el propio CGPJ.   Recordemos la frustrada e histórica huelga judicial en tiempos de Caamaño I “El Bruto”. Los gritos de independencia se agotaron con más vacaciones, retribución y una ligera mejora de esa eterna aspiración a más medios técnicos.