La tradicional denominación del Ministerio de Justicia incluía con copulativa la Gracia. Era entonces el Ministerio de Gracia y Justicia, poniendo en nomenclatura la función revisoria del ejecutivo sobre las resoluciones judiciales. Desaparecida la denominación ministerial sin embargo la función permanece. El indulto se convierte así en instrumento de la política como corrector y neutralizador de la potestad jurisdiccional. Este punto de contacto, de inseparación de la Justicia, en la partidocracia pierde además su sentido excepcional a favor del imperio de la razón de estado y las razones de conveniencia y oportunidad.
En la política de partidos, el consenso es la suprema de esas razones de estado. Los gobiernos y parlamentos sin representación precisan del auxilio de sus congéneres mediante su aquiescencia consensual aún disponiendo de mayoría suficiente para la adopción de medidas que estimando necesarias, saben tendrán la reacción adversa de parte de la población. Y como en el consenso todos han de ceder, no debe extrañar que la función ministerial de Gracia entre en el negocio.
No es casual que los apoyos legislativos entre el Partido Popular y CiU coincidan con la decisión del Gobierno de indultar al empresario de Unió Democrática de Catalunya D. Víctor Manuel Lorenzo Acuña y al exsecretario general del departamento de Trabajo D. Josep María Servitje. Lorenzo había sido condenado por los casos de malversación “Treball” y “Turisme” y estaba pendiente de cumplir una pena de dos años y tres meses de cárcel, mientras que Servitje fue condenado a cuatro años y medio de prisión por desviar fondos de la Generalidad a través de la contratación de estudios inútiles con la ya conocida como “técnica Urdangarín”.
El mismo Boletín Oficial del Estado que recoge tales indultos y que se publica de manera coincidente con los pactos de legislatura entre un PP con mayoría absoluta y el nacionalismo catalán, incluía también otro a cinco Mossos d´Esquadra condenados en Diciembre de 2.009 por un delito de torturas. Los agentes confundieron a un ciudadano rumano con el autor de un robo violento. Según la sentencia cuya pena se perdona administrativamente, los agentes después de golpearle y pisarle la cabeza, le introdujeron una pistola en boca durante su traslado a comisaría en presencia de su mujer embarazada.
El indulto rompe el monopolio jurisdiccional de la Justicia de hacer cumplir lo juzgado en firme sustrayendo y excepcionando esa facultad a favor del ejecutivo que se sitúa así en posición de superioridad. Si el consenso es el valor supremo del estado de poderes inseparados la instrumentalización de la Justicia como elemento negociador solo escandalizará a quienes aún creen que en España los poderes y facultades del estado se encuentran separados en origen.
Pedro M. González
