Cuando los partidos políticos catalanes reaccionan ante la posible sentencia de inconstitucionalidad contra determinados aspectos del Estatuto de Autonomía apelando a que "El tribunal no puede invalidar un pacto político" (PSC) o que "La última palabra la tiene el pueblo catalán" (CiU), concluimos que en términos de pura y consecuente teoría constitucional, su posición es abiertamente golpista. Una cámara con atribuciones legislativas jamás puede asumir facultades constituyentes sin antes sujetarse al propio procedimiento que para tales eventualidades señale la propia Constitución. Una ley orgánica u ordinaria no puede ocupar una posición jerárquica superior a la propia Constitución que, no en vano, se denomina "ley de leyes".   No importa que, entretanto, el Estatuto se haya sometido a referéndum, pues la cuestión formal a la que aquí aludo es en todo caso un requisito procesal previo al referéndum, que no puede ser violado a gusto de los interesados. En caso contrario, la propia Constitución y el Tribunal Constitucional se vuelven superfluos e irrelevantes. Es una cámara legislativa -de facto, las ejecutivas de los partidos en ella representados- la que aquí se pretende depositaria de toda la soberanía, vulnerando en consecuencia la más elemental doctrina de la separación de poderes. No otra puede ser la evolución de un régimen en el cual la propia Constitución presenta un vicio de origen evidente: nace de una ilegítima autoatribución de poderes constituyentes por parte de una cámara legislativa; nace no de un proceso constituyente democrático que obligue a los partidos a pronunciarse de antemano, públicamente, por la Constitución que defienden, sino de las oscuras transacciones consensuadas entre la clase política franquista y la oposición. Tal atropello es el padre de todos los atropellos por los cuales los partidos políticos se han convertido, hoy, en rémoras enquistadas en el Estado que hacen imposible la democratización de las instituciones.   Unos partidos políticos capaces de pactar una Constitución por un procedimiento que no cabe sino calificar de golpista, jamás podrán mostrar respeto alguno por el contenido de un pacto semejante: el golpismo es el fundamento constitutivo de un régimen aparentemente democrático y de facto una pura oligocracia de partidos que se pretenden, como entes totalitarios, plenos depositarios de la soberanía nacional. Pretensión que equivale a la suspensión de facto de la propia Constitución por ellos aprobada. Semejante actitud sólo puede extrañar a quienes se han empeñado en desconocer lo que ha sucedido desde la muerte de Franco hasta hoy: no ha sido la transición de un régimen dictatorial a una democracia, sino la liberalización de un sistema de partido único y su conversión en un régimen de libertades públicas con pluralidad de partidos. Sólo la ignorancia más supina puede confundir un régimen tal con una democracia.