La imagen internacional que Garzón se ha granjeado comienza a resquebrajarse por Sudamérica, donde hasta ahora era mejor considerada. La Federación Nacional de Abogados de Ecuador (FNAE), equivalente al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) de nuestro país, ha anunciado que solicitará el procesamiento del Magistrado como “cómplice de malversación de fondos estatales”. Por su parte, el Procurador General de Colombia, asimilable al cargo de Fiscal General del Estado, ha manifestado públicamente la inconveniencia de que Baltasar Garzón, una vez inhabilitado por el Tribunal Supremo, siga como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz-OEA en dicho país.
Garzón trabaja en la actualidad para el gobierno de Rafael Correa como observador internacional, supervisando la reforma de la Justicia que se propuso acometer el mandatario ecuatoriano. Por este encargo, el Juez inhabilitado recibirá más de cincuenta mil euros que el representante de la FNAE, D. Pedro Javier Granja, refiere no se justifican con trabajos efectivamente realizados. “Garzón no hace nada. Vino dos veces a Quito y siempre en fines de semana”. Pero no sólo eso, Granja reprocha a D. Baltasar su pasividad ante los desmanes e injerencias del poder político en la judicatura. “Nos indigna que se haya declarado ciego, sordo y mudo ante un proceso de selección de jueces que fueron elegidos de forma discrecional”, manifestó Granja. Por estos motivos la FNAE ha declarado a Garzón persona non grata con la unanimidad del la junta colegial.
La chispa que provocó la encendida reacción contra Garzón de los abogados ecuatorianos fue que el gobierno Correa contratara un funcionario para que le “represente” in situ, realizando así el trabajo encargado a Garzón y pagando dos sueldos por ello. Según el Presidente de la Corporación “se trata de un delito, ya que pagan con fondos del estado a dos personas por el mismo trabajo”. Según Granja, la FNAE ya ha acudido a la legación diplomática española para pedir a sus representantes que tomen cartas en el asunto y pidan cuentas al Juez de su trabajo en el país americano.
Por su parte, el Procurador General de la Nación colombiano, D. Alejandro Ordóñez, manifestaba en Caracol Radio la inconveniencia de que Baltasar Garzón se mantenga como asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en que se encuentra Colombia tras su inhabilitación por el Tribunal Supremo de España. “Estamos frente a una apología de la ilegalidad, por decir lo menos”, afirmaba Ordóñez al conocer la decisión del Presidente Santos de mantener a Garzón como asesor en asuntos de política judicial.
