La pirámide triangular del estado de poderes inseparados se caracteriza por la simetría perfecta de sus caras, conformando un único cuerpo poliédrico estatal. Mire por donde se mire, caiga como caiga, físicamente conservará su uniforme contorno y comportamiento físico. “Lo que tenemos que hacer es dejar que el Tribunal Constitucional haga su trabajo, que sus razonamientos los proyecte en cada sentencia y, después, valorar. No adelantarnos a lo que puede o no puede ser, porque eso, sencillamente, es no respetar la independencia del TC y yo, como Ministro de Justicia, nunca lo voy a hacer”. Esta fue la respuesta de Caamaño a los medios preguntado sobre su opinión acerca de la interpretación de la “Doctrina Parot” del Tribunal Supremo (TS) sobre cumplimiento de penas ahora sometida a decisión del Constitucional. Sin embargo no puede haber respeto ni adelantamiento alguno a las resoluciones de ese órgano parajudicial porque la Justicia, y más acentuadamente el propio Tribunal Constitucional (TC) es simple cara simétrica de las decisiones políticas tomadas por un ejecutivo y un legislativo elegidos todos sin separación.   Primero se decide políticamente el fallo de la sentencia, luego se fuerzan los argumentos jurídicos que han de servir de fundamentos de derecho y finalmente se construyen los hechos doblando así las tres caras en la pirámide trinitaria de inseparación. Esta geometría no entiende de planos separados sino de caras contiguas. El Ministro insiste: “En un plano están los ciudadanos, que tienen todo el derecho del mundo a criticar las sentencias. Y en el otro, las críticas de quienes ocupan cargos institucionales o han asumido responsabilidades institucionales. A ellos corresponde esperar no sólo a que existan las sentencias, sino respetar y acatar de forma expresa que se puedan criticar las decisiones de los tribunales porque está en juego el Estado de Derecho y la división de poderes que nos hemos dado para nuestra convivencia democrática”.   Al argumentar esa falsa delimitación de planos separados, Caamaño lo que hace es reconocer aún más la dependencia de la Justicia del poder político. Así es, pues de esa forma sustenta el deber de obediencia a las resoluciones judiciales por los cargos políticos en una convención simplemente moral de no protestar, mientras que al resto de los mortales les corresponde obedecer sin más como sujetos pasivos del monopolio estatal de la fuerza, otorgándoles a cambio la prerrogativa de al menos poder quejarse.   Es natural, pues en esa pirámide de inseparación de tres caras legislativo, ejecutivo y judicial unidos entre sí encierran la potencia de la sociedad civil en su interior. Se mire por donde se mire.