El Registro de Intereses del Congreso y del Senado, una información pública que apenas es consultada por los ciudadanos pero que resulta muy esclarecedora para comprobar en qué gastan el tiempo nuestros políticos y que cantidades de dinero amasan en el desempeño de su función pública, es una caja de sorpresas. La Declaración de Actividades, así como la de Bienes y Rentas, desvela que el número de millonarios que que sientan en ambas cámaras es abrumador, mientras que sus declaraciones son muchas veces concisas, cuando no abiertamente opacas. Aunque debería ser tarea del propio Estado a través de un órgano fiscalizador independiente que realizara un seguimiento exhaustivo, dado que no se percibe un interés de los grandes partidos ni de los pequeños en seguir el rastro de esta gran hermandad que representan los parlamentarios, hemos reunido a un grupo de expertos fiscales, jurídicos y periodísticos que van a realizar un examen profundo a las declaraciones oficiales de bienes, patrimonio, intereses y rentas de los 350 diputados y 266 senadores para que sus electores puedan comprobar y contrastar la realidad de las mismas. Como un número importante de ellos son “cuneros” o no residen en la provincia en la que han sido elegidos, ya que son nombrados por las cúpulas de los partidos, acudiremos a las provincias donde tienen radicadas sus posesiones y cuentas corrientes, con objeto de que pueda comprobarse si su elevado tren de vida se corresponde con los ingresos públicos y privados realmente obtenidos o declarados.
Para dar ejemplo, hemos querido comenzar por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que este 11 de diciembre cumplirá 54 años. Su mejor aniversario, sin embargo, será el año que viene, cuando cumpla 30 años ininterrumpidos en política cobrando de lo público, desde que en 1983 entrara como concejal en Madrid por influyente recomendación de su padre, el abogado y fundador de AP, José María Ruiz Gallardón. Eterno candidato a liderar la derecha española, hoy es ministro de Justicia pero acumula 6 cargos más, lo cual acredita la enorme frondosidad de la administración española: presidente de la Comisión General de Codificación, de la Junta de Gobierno de la Orden de la Cruz de San Raimundo de Peñafort, del Centro de Estudios Jurídicos y de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, miembro de la Comisión Delegada de Gobierno para la Política de Igualdad y por último vocal de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas.
Gallardón tuvo que presentar dos veces su Declaración de Intereses. En la primera de ellas, escrita de su puño y letra, se decía solamente “alcalde de Madrid” y “vocal del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional”. En la segunda, en la que renunciaba a su sueldo de alcalde (no figura la cantidad) para quedarse con el de diputado (tampoco se consigna) tras el pacto alcanzado con Ana Botella, del que nada sabían sus electores, se escribe ya a ordenador la siguiente relación:
La única aclaración que realiza es que el alcalde cobra lo mismo que un secretario de Estado y los concejales prácticamente igual (sólo se restan hasta un 10% en el peor de los casos), salvo los que no tengan responsabilidad de gestión, que cobran lo mismo que un subdirector general. No obstante se reservan cobrar “indemnizaciones”, antiguedad, prestaciones sociales, etc… Todo ello fue pactado por todos los partidos políticos.
Para aclarar algo más lo que gana Gallardón al año tendremos que acudir a la Declaración de Bienes y Rentas. Ahí ya sabemos que el salario anual neto era de 66.471 euros, es decir, unos 5.500 euros limpios al mes. Y aunque la cuenta corriente le remuneró solo 217 euros (con 26.500 euros de saldo en la entidad de Emilio Botín), pagó a Hacienda 34.700 euros, casi seis millones de las antiguas pesetas de las que ahora tanto se oye hablar. En cuanto a propiedades, tiene un piso en Madrid, otro en Nerja (Málaga), dos plazas de garage, un todoterreno BMW X1, un pequeño Lancia Y, y dos motos, una Yamaha de 400 cc y una BMW de 1200 cc. Al mismo Botín, por cierto, le pidió hace dos años un préstamo de 56.000 euros (casi diez millones de pesetas) y tiene pendiente de devolver 50.000.
