La prensa del Movimiento Nacional ha reaccionado contra las insidias provenientes del extranjero, en defensa de la "dignidad de todos lo catalanes". Dignidad de la cual es depositario el nuevo Estatuto de Autonomía, como los Principios Fundamentales del Movimiento eran los depositarios de las esencias nacionales españolas. Discutirlos o ponerlos en duda era delito de lesa patria, atentado contra la religión nacionalista oficial. Y ahora, en Cataluña, sólo un antipatriota se atrevería a poner en duda o someter a discusión la constitucionalidad del Estatuto. Dignidad, la de los catalanes -suponiendo que sepamos el significado de tal palabra en un contexto tan impreciso como este-, que salvo el editorial conjunto de doce periódicos catalanes nadie ha puesto en litigio. Dignidad que por supuesto no va a discutir el TC porque eso no entra en sus competencias. Si entra, en cambio, evaluar la constitucionalidad de una norma de rango jerárquico inferior a la propia Constitución, como sin duda es el Estatuto. Los responsables de ese ridículo editorial lo saben, pero prefieren omitirlo. Saben, también, que la inexistencia de una Justicia independiente, y la atribución a un tribunal especial del privilegio exclusivo de interpretar la llamada “ley de leyes”, da pábulo a todo tipo de intromisiones y presiones del poder político para que los magistrados obren rectamente. Es decir, tal y como esperan sus señores que obren.   Piensan estos sesudos periodistas que una vez pronunciado el Parlamento y sometido el texto a refrendo, el control judicial de tal decisión es un insulto a la "dignidad" del pueblo. Y tienen razón, porque ellos sólo son altavoces de una centenaria y acrisolada tradición europea. En la Europa Continental hemos heredado la funesta tradición proveniente de la Revolución Francesa, que consideraba que el control del poder, cuando el titular del mismo era el "pueblo", era superfluo. Por eso la Convención de 1793 asumió todos los poderes arrebatados al rey para levantar un régimen no menos despótico que la monarquía contra la que se rebelaron. Y en esa brutalidad seguimos. Los americanos partieron la soberanía en poderes separados entre si para que ninguno fuera absolutamente soberano, y así inventaron la democracia moderna. Los europeos hemos venerado al "pueblo" como ente absolutamente soberano y así la democracia ni la hemos olido. Por eso, siguiendo la lógica de estos editorialistas, el día en que el pueblo soberano apruebe la pena de muerte el Tribunal Constitucional deberá respetar su dignidad y no pronunciarse en modo alguno. Entretanto, más valdría abolir toda Constitución para evitar en lo sucesivo que la dignidad de un pueblo que se ha pronunciado a través de sus "instituciones representativas" o directamente en referéndum vuelva a ser insultada. ¿Una Constitución capaz de poner trabas a la voluntad general? ¡Dónde se ha visto tal cosa!