El Fiscal General del Estado, D. Cándido Conde-Pumpido, aseguró que “no hay nada decidido” sobre la posición del Ministerio Público respecto de la admisión o no a trámite de la querella por la muerte del saharaui con nacionalidad española D. Baby Hamday Buyema presentada en la Audiencia Nacional. Así se pronunció en un almuerzo debate organizado en Madrid por la Asociación de Amistad Hispano-Francesa Diálogo, en el que refirió que la querella interpuesta por la Liga Española Pro Derechos Humanos “será estudiada en profundidad”, pero sin que haya tomada una decisión al respecto.   Al mismo tiempo la Ministro de Asuntos Exteriores, Dña. Trinidad Jiménez Villarejo se reunía con el Ministro del Interior marroquí Taib Cherkaui en relación al particular asunto de la muerte de Hamday Buyema así como para informar de la investigación que al respecto estaba llevando a cabo la Fiscalía del Aaiún. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de la actitud de espera de órdenes superiores de un Fiscal General del Estado elegido por el ejecutivo al albur del resultado de las conversaciones entre los ejecutivos español y alauita. La coordinación y concomitancia de la actuación política y la supuestamente técnica de la fiscalía es de una evidencia palmaria y lógico fruto de ese lazo de dependencia, favorecido por el perfecto conocimiento de sus engranajes de funcionamiento de quien es hija de un Magistrado del Tribunal Supremo (José Jiménez Villarejo) y sobrina de un Fiscal de la Audiencia Nacional (Carlos Rodríguez-Villarejo).   Si la situación política aconsejara la inadmisión a trámite de la querella, la fiscalía ya tiene preparados sus argumentos. El artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) excluye la posibilidad de conocimiento sobre causas concernientes a presuntos delitos cometidos en el extranjero siempre que en el país correspondiente se haya iniciado procedimiento que suponga una investigación y persecución de los hechos. Fuentes de la propia fiscalía añaden además que la LOPJ permite a los tribunales españoles investigar este tipo de hechos sucedidos fuera de las fronteras nacionales siempre que entren dentro de la lista tasada de delitos establecida al efecto, en la que figuran los de lesa humanidad y terrorismo, pero no el homicidio individualmente considerado, lo que sería una salida a tener en cuenta en caso de no convenir políticamente la intervención judicial española.   En ese caso de que la muerte del saharaui con nacionalidad española se considere aisladamente y el Ministerio Público se abstenga    de    actuar,    la    fiscalía    ya    ha adelantado sus dudas sobre que la acusación pueda ser ejercida por una asociación privada sin vínculos directos con la víctima, como es la Liga Española Pro Derechos Humanos. Varios familiares de Hamday residen en España, pero hasta el momento no han iniciado acción judicial alguna ¿voluntariamente?