Esta semana se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano consultivo y de coordinación del Estado con las Comunidades Autónomas, constituido por el Ministro de Economía y Hacienda, el de Administraciones Públicas y el Consejero que desempeña las competencias de Hacienda de cada Comunidad Autónoma. Sus decisiones no son ejecutivas pero tienen una influencia decisiva en la orientación de la financiación territorial, de la política fiscal, del endeudamiento y del reparto de las inversiones públicas. La relevancia de esta reunión viene dada por la puesta en marcha de una nueva forma de repartir la tarta tributaria estatal entre las CCAA, teniendo en cuenta los cambios introducidos por los nuevos Estatutos de Autonomía y el incremento de la población desde que se estableció el actual modelo en 1.999.   En dicha reunión, ante la insistencia del representante de Cataluña de negociar directamente con el Estado, se acordó mantener consultas bilaterales con cada una de las Comunidades Autónomas. El problema crucial para la pervivencia de este “órgano de coordinación” será si el Gobierno del Estado lo va a mantener como foro multilateral de acuerdos o si va a quedar descafeinado en los casos que tenga que establecer negociaciones bilaterales con aquellas Comunidades  cuyos Estatutos lo prevén.   Actualmente la mayor parte de la financiación de las CCAA de régimen común (excluidos País Vasco, Navarra y parte de la financiación de Canarias, Ceuta y Melilla) proviene de la participación en la recaudación de los grandes tributos estatales (33% del IRPF, 35% del IVA y 40% de los impuestos especiales sobre el tabaco, hidrocarburos, alcoholes, y otros productos) y de la gestión de los tributos cedidos, aunque algunos de ellos tengan escaso potencial recaudatorio. Esta “cesta” de tributos aporta la mitad de los recursos que gastan.   Ministerio de Economía y Hacienda (foto Zaqarbal) Pero todas ellas saben que, si no tienen suficiente con esa “cesta”, papá Estado incrementará los diversos Fondos existentes (de Suficiencia, de Garantía de Financiación Sanitaria, de Compensación Interterritorial, Complementario) y otras transferencias para compensar esos “baches de tesorería”, que les aportan otra cuarta parte. Así que la corresponsabilidad fiscal no es más que un mero eslogan político para estas máquinas de gastar, siendo los ciudadanos  los que pagan las facturas de este banquete descentralizado.