La semana pasada el Ministro de Economía y Hacienda presentó, en nombre del Gobierno, la oferta de reforma del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común con el objetivo de reforzar los servicios del “Estado de Bienestar”, garantizar servicios iguales para todos independientemente del territorio donde se resida, dotar a dichos entes de mayor autonomía financiera y de mayor corresponsabilidad fiscal y reducir las diferencias de financiación “per cápita”. En definitiva, han tratado de dar una solución a la cuadratura del círculo.   Pretenden conseguir estos objetivos, por un lado, ampliando la participación en los recursos tributarios para que éstos financien el 90% de los gastos, trasfiriéndoles capacidad normativa en dichos tributos y cogestionando la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por otro lado, pretenden garantizar las necesidades de gasto a través de la financiación de los servicios públicos fundamentales (un Fondo), de todas las competencias transferidas manteniendo el statu quo existente en cada una de ellas (otro Fondo). Y además pretenden caminar hacia la convergencia autonómica a través de la reducción de las diferencias de financiación “per cápita” entre Comunidades Autónomas (un Fondo más) y de las diferencias en los niveles de vida de los ciudadanos según su lugar de residencia (y otro más). Con toda esta ingeniería financiera tratan de solucionar el problema que ellos mismos crearon.   En la entrega anterior manifestamos que el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas era un conjunto de falacias financieras (multilateralidad, corresponsabilidad fiscal, autonomía y suficiencia financiera), que no garantiza ningún principio para el que fue diseñado y que cualquier ciudadano puede detectar que sus componentes suman más de cien. El documento presentado constata todas aquellas afirmaciones y dos conclusiones más: han inventado una descentralización de ingresos tan inoperante y descafeinada que al final es el Estado, a través de artificios administrativos, el que tiene que garantizar la prestación de los servicios públicos. Todos estos artilugios conducen a un incremento de la Deuda Pública Estatal y Autonómica.   Toda la información ofrecida por el gobierno se centra en la garantía del gasto de las Comunidades Autónomas, sin explicar su naturaleza económica ni su dimensión contable en términos de PIB. No nos han explicado los costes de cada uno de los servicios que prestan, ya sean transferidos o de nueva creación, reflejando la parte del coste limpio inherente a su prestación (en educación: el profesor y el colegio o instituto [coste directo]), y aquella otra parte que está imputada a dichos servicios (las estructuras organizativas de los gobiernos y de cada uno de los departamentos u otros organismos [coste indirecto]). Tienen miedo que los ciudadanos conozcan la parte que éstos representan en el total del coste de los servicios públicos prestados por la partidocracia.