Que la solicitud de Garzón de incorporación al Tribunal Penal Internacional (TPI) en régimen de servicios especiales, con reserva del puesto de origen, se trataba de un intento desesperado de evitar la humillación de su suspensión tras el primero de sus encausamientos por prevaricación, lo sabía todo el mundo menos, al parecer, el Ministro de Justicia. Caamaño manifestó en declaraciones a EFE que no cree que el hecho de que el Juez Baltasar Garzón hubiera pedido el traslado al TPI tuviera que ver con “otras polémicas” relacionadas con que le hayan abierto tres causas como imputado ante el Tribunal Supremo.   Según el titular ministerial, Garzón siempre tiene “múltiples ofertas” en otros lugares u organismos internacionales, al igual que “otros muchos” jueces españoles (¡!). Resulta sorprendente la manera de hacerse el sueco de Caamaño, poniéndose de perfil ante una cuestión de privilegiado conocimiento de su negociado gracias a este sistema de poderes inseparados, por no hablar de la larga mano de las vocalías políticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Curiosidades de la vida, poco después de que D. Poncio Caamaño se lavara las manos, el CGPJ se pronunciaba a favor de la suspensión cautelar de funciones de Garzón, por lo que cualquier situación especial de reserva de plaza carecía ya de sentido.   Obviar la motivación del intento de éxodo garzonita para evitar la humillación de la suspensión de funciones, más dolorosa para el juez estrella que el apartamiento de sus funciones jurisdiccionales, es buena muestra de este permanente espejismo de normalidad institucional, “como si” viviéramos en democracia. La fallida estratagema de Garzón puede parecer un intento de salida airosa o una burda treta para salvaguarda de un orgullo inabarcable, pero desligarlo de la delicada situación penal del presunto prevaricador es hacernos pasar por tontos a todos.   Por su parte en idéntica postura, pero reflejada en el espejo de la hipocresía, el partido de la oposición no se atreve a valorar tampoco en sentido alguno la decisión aunque internamente se regocije de las desgracias de la estrella estrellada, significando en boca del Senador Arenas que se trata de cuestión técnica a resolver por el Poder Judicial. Vamos, lo que se llama, la “normalidad democrática y respeto a las instituciones”.