Plaza de Vistalegre, 12 de febrero de 2008 (foto: Petezin) Hoy se ve lejano el crimen de estado y la corrupción galopante de años pasados. Pero todavía persisten lazos personales. Pérez Rubalcaba, el Portavoz del Gobierno de los GAL, ha ejercido, con total naturalidad, de Ministro del Interior en la pasada “legislatura”. Se ha demostrado, con ello, y por la innegable vía de los hechos, que: 1º) no existe arrepentimiento alguno en el PSOE por el saqueo de los fondos reservados, que se utilizaron, en parte, para financiar un grupo paraterrorista que secuestró y asesinó a ciudadanos inocentes, 2º) no se tienen escrúpulos morales, tanto en el plano personal como organizativo, en pasar de hacer comprensible la guerra sucia, a negociar con el terrorismo etarra, el mismo que había empujado a justificar aquel sórdido asunto del GAL, 3º) no hay, tal como entonces, ningún mecanismo institucional capaz de impedir esto.   Llegándose a alcanzar las citadas cotas de degeneración moral y comportamiento criminal en el Estado de partidos, hubo profesionales de la información-opinión que denunciaron estos escándalos. Sin embargo, su inconsciente partidismo y su soberbia intelectual no les dejaron ver que la verdadera causa del mal está en la antidemocrática constitución del poder político que siguen apoyando.   Era previsible que el Presidente del Gobierno, y el resto de jefes de partido, mandaran siempre sobre unos diputados que les deben el puesto. Pero, en vez de introducir en la opinión pública la necesidad de someter al Ejecutivo al control de un parlamento de hombres independientes, elegidos, cada uno de ellos, en una mónada de ciudadanos, a la que representarían en la Asamblea Legislativa, prefirieron dedicarse a recrear una fantástica posesión infernal del Estado, que llamaron “felipismo”, para salvar los muebles institucionales en aquella ominosa situación. La posterior moderación respecto a la corrupción, y algunos éxitos internacionales y económicos de los gobiernos del PP, fortalecieron sus creencias en el régimen partidocrático.   Pero la excepción, cuando es permanente, no confirma la regla, sino que la desmiente. Al examinar el orden político español de una manera global, sin prejuicios de partido, se confirma el diagnóstico y la terapéutica democrática.