Garzón ha requerido al Registro Civil de Madrid para que en el plazo de diez días remita a su Juzgado el certificado de defunción de Franco. El Magistrado justifica el oficio cursado en la necesidad de dejar constancia procesal de la inimputabilidad por muerte del dictador, como causa extintiva de su responsabilidad penal en el proceso por crímenes contra la humanidad que ha abierto contra el franquismo.   Con su actividad judicial parece que a D. Baltasar le queda alguna duda de la muerte del anterior Jefe del Estado. Y es que en Derecho, el conocimiento público o notoriedad de un hecho lo exime de la necesidad de su prueba. Lo evidente no tiene que ser probado. Entonces, ¿qué se oculta bajo la losa de mármol de El Valle de los Caídos? Quizá lo sepamos cuando se levante para convertir el pedregal serrano en parque temático, como parece ser intención del partido en el poder.   Sin embargo Garzón, sin saberlo y en su incansable afán de protagonismo, antítesis del prudente comportamiento que a todo juzgador debe adornar, da en el clavo abriendo la puerta que nos asoma a un abismo insondable. ¿Está de verdad Franco muerto? Porque si resulta evidente que el antiguo inquilino del Pardo no respira, si hay prueba constatable de que su obra permanece, remozada tras el pacto constitucional del año setenta y ocho, el paso de la dictadura de partido único a la de varios partidos de Estado en los que el hecho biológico de la muerte es el único que aparta a los antiguos oligarcas de su lugar en ese Estado, y en cuya jefatura se corona quien directamente designó el tirano, también son evidencias que hacen prueba plena de que en España, tantos años después, sigue sin existir Democracia.   Que Garzón tenga cuidado. La razón del Derecho y la lógica jurídica son tan aplastantes que pueden ponerle en un serio brete por sus ansias de oropel mediático. Nos decían en la milicia para nuestra seguridad en el manejo de las armas, que las carga el diablo y las dispara un idiota.   Se comienza solicitando el certificado de defunción de Franco, pero si sigue esa línea de investigación, el instructor deberá sin duda tomar declaración a Fraga y sus compañeros para pedirles explicaciones sobre su actuación en los distintos cargos públicos que desde el alzamiento del 18 de Julio hasta ahora les han permitido seguir ininterrumpidamente subidos al coche oficial.   También deberá remitir otro oficio a Zarzuela como indagatoria, dado que allí habita alguien tan importante para la instrucción de la causa como quien tuvo el más cercano conocimiento del principal implicado en los hechos investigados y a quien debe su actual status institucional. Y si no lo hace, es porque tal evidencia no necesita prueba. Menos aún que la muerte de Franco.