. A la hora de plasmar el contenido de la política económica de España para la situación actual, hay que hacerse una pregunta previa: ¿el actual Estado español es capaz de conducir o modificar el comportamiento de los millones de agentes económicos que día a día toman decisiones económicas? Si ponemos sobre la mesa las competencias que ejerce y su lado los recursos que consigue (*), nos daremos cuenta del desequilibrio existente: la mayoría de las decisiones de gasto influyentes en la vida normal de los ciudadanos las toman otros agentes públicos, mientras que él se queda para recaudar los tributos que servirán para pagar sus gastos (de ellos) y la carga financiera de los caudales pedidos a préstamo (intereses y amortización), cuando la recaudación de los tributos no es suficiente.   La descentralización política llevada a cabo en España en estos últimos años se ha expandido de tal manera que ha dejado atrás a muchos Estados europeos considerados federales (Bélgica, Alemania, Austria, Suiza) y ha conseguido situar a España al borde del precipicio. Las Comunidades Autónomas, por arriba, han ido arrebatando al Estado todas las competencias que han podido sin reparar en su financiación, amparadas en la falacia política de acercar la Administración al ciudadano, como si éste estuviera representado en esos niveles cercanos (regionales y locales); y por abajo han ido robando competencias a las entidades locales intermedias (Diputaciones) hasta convertirlas en inútiles ante los ojos de los cándidos ciudadanos. Por si fuera poco las mismas entidades locales, sobre todo los municipios, han invadido, por la vía de los hechos, espacios que no estaban reservados para ellas (“competencias impropias”), duplicando, en muchos casos, competencias sin reparar tampoco en su financiación.   Todo este galimatías está restando eficacia para atajar la crisis económica que padece España y los dirigentes actuales que permiten este desmadre son los mayores culpables de dejarnos un Estado incapaz de influir en la sociedad “porque dispone de muy escasos recursos y se ve impelido con demasiada frecuencia a malgastarlos para satisfacer intereses espurios de los gobiernos regionales” (Una política económica para la crisis española, Miquel Buesa). La restauración del Impuesto sobre el Patrimonio, por motivos puramente electorales, es un claro ejemplo de la inanidad de nuestro Estado ya que vuelve a poner en manos de las Comunidades Autónomas y de las tres Diputaciones Forales vascas su escasa recaudación, dejando pasar la ocasión de establecer un verdadero instrumento fiscal en manos del Estado que ayude, por ejemplo, a pagar las facturas pendientes (esas deudas a corto plazo que son fuente de financiación de miles de empresas) y a instrumentar medidas estatales que recuperen la demanda nacional de bienes y servicios.   Desde hace mucho tiempo venimos desgranando en estas páginas que la actual organización territorial del Estado con 17+1 centros de producción legislativa fragmenta el mercado nacional, dispersa los objetivos del desarrollo económico, destruye la coordinación de las medidas concretas a llevar a cabo y echa por tierra la marca “España” (nada más hay que ver la valoración que recibimos en el exterior). Este régimen político ha conseguido un Estado inane y al día de hoy es el principal problema económico de España.