(foto: Wladimir Valdés)   A Pedro M. González   Si los hombres nobles, aun entre las más oscuras aspiraciones, conservan el instinto para seguir el camino recto, quizá, frente a la vocación antigarantista de la oligarquía, un número significativo de juristas se una a la lucha por el derecho. Hasta ahora, sin embargo, en el cuerpo judicial de la Monarquía de partidos, el esprit de géométrie se ha impuesto al esprit de finesse. Y lo que hace que estos geómetras no sean finos es su incapacidad para ver cómo se da en la justicia esa forma de venalidad (la peor) que consiste en el servilismo hacia el poder.   Aunque la normatividad y la efectividad del Derecho son cosas bien distintas, los rábulas del Estado de partidos confunden la imagen legal del ordenamiento con su funcionamiento real, como si bastase con lo que debe ser para que sea. Así, las reglas del juego político dictan la libertad de voto o la prohibición del mandato imperativo, pero los capitanes de los equipos estatales han configurado una realidad basada en la disciplina de voto. Los diputados, prebendados que forman el séquito del jefe de partido, sólo tienen que votar como un conjunto de borregos. Esta mayúscula infracción constitucional obliga a los jueces a mirar permanentemente a otro lado. Sin embargo, los que han decidido convocar una huelga el 18 de febrero siguen sin tener en cuenta que, si no pueden ejercer el control directo de la validez y legitimidad normativa de las leyes y declarar la inconstitucionalidad de éstas, carecen realmente de poder judicial.   El interés que ha de mover a los jueces no ha de ser otro que la averiguación de la verdad en cada caso que conocen. Pero cuando no existe libertad política, la sentencia de Terencio veritas odium parit (la verdad engendra odio) resulta inapelable. Los abusos de la dictadura se apoyaban en la dificultad de eludir la vigilancia de la policía; los de este régimen en la de probarlos judicialmente. Donde no hay demostración judicial reina la impunidad.   Los señores togados reivindican más medios materiales y mejores condiciones laborales, sin advertir, una vez más, la suprema necesidad de que su autoridad -correspondiendo a los fines de la tutela jurídica-, sea un obstáculo sólido y perpetuo frente al abuso del poder.