Pasada la tormenta provocada por Amaiur en el Congreso de los Diputados, lo único cierto es que la “lista Falciani” sigue siendo “secreto de Estado” en España. Hervé Falciani copió 18.000 cuentas corrientes, de las cuales 3.000 son cuentas opacas de españoles por valor de 8.000 millones de euros que están a nombre de 1.500 personas. La Agencia Tributaria identificó sólo a 659 grandes defraudadores de esos 1.500, pero los nombres no se hicieron públicos, a excepción de los de Emilio Botín y su hija Patricia, debido a una actuación de la fiscalía anticorrupción que les obligó a pagar 200 millones de euros para “regularizarse”.
Los otros dos nombres que han aparecido en la lista pertenecen a la trama Gurtel que afecta a la financiación del PP. Según El País, el delito contra la Hacienda Pública que, entre otros, el juez Pablo Ruz imputa al exalcalde popular de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, “El Albondiguilla,” y su exmujer, Elena Villarroya, se consiguió documentar “gracias a los datos de clientes del HSBC copiados por el informático francoitaliano”.
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, también ha pedido al Gobierno hacer pública la “Lista Falciani” pero el Gobierno ha contestado con evasivas. Solo le ha aclarado que decidirá si extradita al informático a Suiza si la Audiencia Nacional que lo está juzgando se lo pide. Por su parte, el Gobierno de EE.UU está negociando en secreto con el de España su libertad, pues desea convertirlo en “testigo protegido” a cambio de que proporcione los nombres y cuentas de los defraudadores norteamericanos con dinero en Suiza, según publicó El Confidencial.