La incapacidad manifiesta de la monarquía de partidos para resolver los conflictos de la ley con la política tiene su origen en la inseparación de poderes. La indivisión de facultades estatales con el consustancial sometimiento de la Justicia a la voluntad de unos privilegiados agentes políticos sin intermediación alguna con la sociedad civil, hacen del consenso entre éstos la única forma de solución del antagonismo institucional.   Cuando ese consenso, auténtica antítesis de la política, fracasa, se evidencia la precariedad de unas instituciones cuya inutilidad sólo es comparable a la estupidez de quienes las ocupan. La crisis de estructuras creada por la parálisis del parajudicial Tribunal Constitucional (TC) a la hora de dar su visto bueno o revocar la legalidad del estatuto catalán es un buen ejemplo.   Si desde el ejecutivo el desconcierto vacilante entre la renovación o la esperanza de que prevalezca la matemática de magistrados afines “por causas naturales” pone en ridículo al gobierno en pleno, las declaraciones que emanan del parlamento y la judicatura describen nítidamente la nula inteligencia institucional.   Valorando la propuesta de limitación de competencias objetivas del TC propuesta por el Presidente de la Generalidad D. José Montilla para sacar el estatuto adelante, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, D. Antonio García, subrayó que lo importante es tener un fallo judicial cuanto antes, señalando que Montilla “es muy libre de tener la opinión que ha hecho pública de impulsar políticamente lo que crea conveniente”. ¡Valiente defensa de la independencia judicial de quien sólo espera que le digan lo que ha de hacerse!   Por su parte el parlamentario Artur Mas (CiU) refuta la autoridad del absurdo TC con un adefesio como que “la esencia de la democracia es el voto popular”, de donde extrae la imposibilidad de tribunal alguno de revocar leyes emanadas de los parlamentos. ¿Sabrá el diputado nacionalista quién era Tocqueville?   Y es que la esencia de la democracia no es tanto el voto mismo como el control del poder por los gobernados, lo que en nuestro país no ha ocurrido jamás.