La creación de una auténtica Policía Judicial sólo dependiente de Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus competencias, no sólo es la única manera posible de garantizar materialmente la persecución de los delitos cometidos por los titulares del poder político, sino que, adicionalmente, ofrece evidentes ventajas prácticas en cuanto a la eficacia y ordenado funcionamiento de las actuaciones policiales en la instrucción penal. La transmisión directa por el titular del órgano judicial de las instrucciones e información trascendente a las concretas unidades policiales garantiza un cumplimiento pronto y exacto incompatible con la dispersión de archivos de las distintas y heterogéneas unidades dependientes de Interior que actualmente se adscriben formalmente a los Órganos Jurisdiccionales.   Las mismas nefastas consecuencias de esa disposición de información y medios policiales externos al Poder Judicial que se evidenciaron ya en el asesinato de la niña Mari Luz Cortés por quien debiera estar a disposición penitenciaria, son las que subyacen a la extraña puesta en libertad de Astrit Bushi, presunto líder del grupo que asaltó el domicilio del productor de televisión José Luis Moreno, tras prestar declaración por otra causa en el Juzgado de Alcobendas. Descoordinación que el Ministro Rubalcaba se apresura en negar y que es causa de lo sucedido según refiere el informe resultante de las diligencias informativas destinadas a esclarecer los hechos que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) D. Francisco Javier Vieira, entregó en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Previamente, el pasado domingo, el Presidente del CGPJ D. Carlos Dívar había ordenado al Servicio de Inspección de este órgano la apertura de tal información previa para aclarar las circunstancias que facilitaron que el delincuente fuera excarcelado. Tal investigación se confunde con la abierta por la propia Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que previamente había abierto otras diligencias informativas más.   Ante las preocupantes declaraciones de Vieira refiriendo a la prensa que no es descartable que los policías que custodiaron al capo hubieran incurrido en un delito de infidelidad en la custodia de presos, Pérez Rubalcaba, admitió que si bien los hechos manifiestan un “error gravísimo”, no así descoordinación alguna entre cuerpos de seguridad y Administración de Justicia. Para el Ministro es “lógica” la alarma social creada por éste y precedentes casos, pero aseguró que “es excepcional frente a los cientos de encarcelados que cada día declaran en los juzgados y vuelven a prisión”. Reduciendo las causas a una simple y concreta falta de atención en lugar de reconocer un deficiente tratamiento y gestión de la información judicial, Rubalcaba explicó la apertura de otra investigación, otra más, por encargados ministeriales a cuyos efectos ya había pedido los oportunos informes a la Policía Nacional y la Guardia Civil para “saber qué ha pasado”, asegurando a su vez que colaborará con la Justicia para esclarecer el caso.