Las frecuencias de radio eran concesión estatal. El Estado franquista de partido único se reconvirtió en el juancarlista de varios durante la “transición”. El consiguiente reparto proporcional del poder, añadiendo un mayor espacio con la división autonómica, entre los partidos estatales del pacto, razón fundadora del nuevo Régimen, hubo de tolerar la oportuna licencia de libertad de partido, lo que multiplicó la necesidad y las oportunidades de negocio en el flamante mercado de la comunicación social. Tal apertura fue jaleada al unísono. Y el adecuado cóctel de propaganda, novedad y expectación, terminó por subvertir el fenómeno fijándolo en el inconsciente colectivo como la proverbial llegada “la libertad de expresión”. Mas la adjudicación de frecuencias, como el resto de las telecomunicaciones, continuaron siendo una prerrogativa estatal, ahora dependiente del obsceno consenso de los partidos.   Durante todos estos años de la llamada por ellos “La Democracia”, hemos asistido a la formación de grandes grupos de comunicación a la sombra del poder. Jugando con la selección informativa y la línea editorial, a caballo entre su adscripción ideológica, un espacio propio en el público y la forzosa apuesta partidista, más o menos declarada a favor o en contra, siempre buscando ganar, o al menos no perder, los favores administrativos; los diferentes medios han medrado, creciendo o simplemente sobreviviendo, aprovechando la influencia de los fenómenos de opinión pública en la competencia electoral entre los partidos estatales, aun jamás rechazando su proporcional reparto del poder, ni, pasara lo que pasara, osando cuestionar el orden institucional que lo así lo dispone, evitando ofrecer pública alternativa a esta Monarquía. La “libertad de expresión” se reservaba como invocación particular cuando se sufría algún abuso administrativo o sentencia judicial contraria; pero el periodismo español nunca marchó unido bajo su bandera, demostración evidente de que es incapaz de ir más allá del Estado de Partidos al que se debe.   La pataleta de COPE, después de que el Consejo Audiovisual de Cataluña no renovara la licencia de sus frecuencias en Lérida y Gerona, carece de valor. No es posible reconocer un determinado orden legal y la autoridad que de él emana para después oponerse a sus dictámenes si resultan desfavorables, presentándolos no como particularmente injustos, sino aludiendo al incumplimiento de un principio fundamental previo, en este caso el de la libertad de expresión, cuya realización material debiera ser intrínseca al mismo. La denuncia de la Cadena tiene que ir acompañada del rechazo de tal orden. Sin embargo, COPE apoya explícitamente la Constitución que consagra el entramado institucional de reparto de poder entre los partidos, y así ha de asumir sus consecuencias cuando no le sea propicio. ¿Acaso no nos ha venido revelando que en tal cosa consiste “La Democracia”?