No es una astracanada ni una respuesta grandilocuente. El Congreso de los Diputados debería proponer una reforma de la Constitución que disolviese el Tribunal Constitucional como respuesta al ultimátum que ha recibido de éste: o bien cubre enseguida sus vacantes o adoptará “medidas drásticas” que podrían desembocar en una dimisión colectiva.
Radio Libertad Constituyente analizó esta cuestión y el abogado Trevijano irónizo sobre el hecho de que lo normal debería ser al contrario: que el Congreso amenazara al alto tribunal con su insolencia. “Si hubiera división de poderes, la reprimenda del TC sería considerada una revolución o un golpe de Estado. Pero no habiendo democracia, todo se retrotrae a los tiempos del Abate Sieyes”, teórico de las constituciones de la revolución francesa y la era napoleónica.
El Tribunal Constitucional de España es un poder constituido. El Congreso es un poder constituyente, porque es la sede de la soberanía, no la del pueblo, ni la nacional, ni la parlamentaria, sino de la soberanía de los dos partidos hegemónicos.
A la vista de la actual situación y en favor de la claridad jurídica y la garantía judicial, el letrado propuso como solución tres medidas: supresión del Tribunal Constitucional, delegación de sus funciones en una sala especial del Tribunal Supremo y extensión a los ciudadanos del recurso de inconstitucionalidad.
En este último punto, señaló que este recurso no debería estar exclusivamente en manos de los jueces y de los partidos políticos, sino ampliarse a los ciudadanos. “Si en primera instancia alguien alega que una ley es inconstitucional, el juez puede estimarlo. El perjudicado podría acudir en recurso a la Audiencia y luego al Supremo. Sólo así habría garantía de los derechos individuales”.