Será un héroe mediático, pero un pésimo instructor. El Tribunal Supremo ha fijado hasta el 3 de abril de 2022 el tiempo que permanecerá inhabilitado como juez Baltasar Garzón después de haber sido condenado a once años de sanción por ordenar intervenir las comunicaciones en prisión entre varios imputados en el ‘caso Gürtel’ y sus abogados.

En un auto fechado el día 16, el alto tribunal ratifica así la liquidación de pena del exmagistrado de la Audiencia Nacional, condenado también al pago de una multa de 2.520 euros por los delitos de prevaricación y violación de garantías constitucionales.

El pasado 9 de febrero el Supremo condenó a Garzón tras considerar que, al ordenar la grabación de las conversaciones que el cabecilla de la trama ‘Gürtel’, Francisco Correa, y su ‘número dos’, Pablo Crespo, mantuvieron con sus abogados en la cárcel de Soto del Real, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión «sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable».
Por otra parte, el Ministerio de Justicia ha preguntado al Consejo General del Poder Judicial por la solicitud de indulto al juez presentado por la Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, que agrupa a 15.000 magistrados, jueces y fiscales de la UE. El ministerio quiere saber si Garzón da su visto bueno a la petición de indulto antes de continuar con la tramitación del expediente, ya que aún no se ha pronunciado sobre si apoya o no la solcitud. Ahora, será el Poder Judicial el que deba preguntar a Garzón sobre este asunto.

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