La Guardia Civil ha estado vigilando “permanentemente” el chalet de El Pardo donde vive Corinna Wittgenstein, la “amiga” del rey Juan Carlos que es objeto de un proceso judicial por parte del juzgado número 44 de Madrid que desempeña la juez Luisa Lázaro Trueba. En el transcurso de la vigilancia de la benemérita se produjeron algunos incidentes con paparazzis o fotógrafos espontáneos, pues “si alguien intentaba tomar fotos de la vivienda, se acercaban miembros del cuerpo armado para impedirlo”, según el escrito presentado al juzgado por el abogado Max Turiel al que ha tenido acceso DRC. El letrado defiende a María Cano Sánchez, que ha denunciado a Corinna por haber usurpado las funciones regias de la jefa de protocolo, asesora comercial y a veces de la propia reina, con el consentimiento de Juan Carlos, ante diversas cortes árabes, instituciones europeas y organismos y empresas privadas de todo el mundo, entre ellas la del jeque Al Waleed, amigo del rey que contrató incluso a Iñaki Urdangarín y la infanta Elena y los hizo socios suyos.
El hecho de que la Casa Real facilitara escolta “permanente” a Corinna ha sido considerado por los denunciantes como una prueba más a a añadir a los 15 indicios y 10 testigos que ha presentado ante la juez, pues “podrían tener alguna relevancia penal, política o administrativa”, ya que “no puede entenderse a que se debe esa labor de vigilancia a costa de los contribuyentes, sin constar que doña Corinna Wittgenstein la necesita”.
“Indudablemente la querellada en este caso no es responsable de nada, pero sí podría existir responsabilidad de otros, por lo que entendemos que el juzgado debería investigarlo, bien en pieza aparte o abriendo diligencias”, concluye el escrito, algo que podría averiguarse fácilmente “librando cuando menos oficio a la Dirección General de la Guardia Civil”.