La debacle electoral en las autonómicas catalanas del Partido Popular (PP) ha provocado que este partido se decida finalmente a intentar cerrar el reparto de la Justicia con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La política de este último, de rama de olivo en una mano y pistola en la otra, en forma de cambios legislativos sobre las competencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en situación de interinidad, ha triunfado por mucho que sus socios de Gobierno de Podemos se opongan. En la partidocracia el consenso prevalece sobre el oportunismo del río revuelto.

El periódico EL PAÍS, cercano siempre al establecimiento partidocrático, recoge que el PP ve más cerca ahora renovar el poder judicial. Ambos partidos están, según dicho diario, cercanos  a cerrar un acuerdo para renovar el CGPG, el Tribunal Constitucional (TC) y… el Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE). Que se incluya a los órganos estatales de propaganda en el mismo paquete que el presunto órgano de gobierno de la vida judicial y el tribunal político intérprete de la Constitución, habla por sí mismo.

Pactar sobre la Justicia es una iniquidad comparable a pactar sobre la nación. La aplicación objetiva del derecho, por propia definición, es algo tan ajeno a la voluntad política como el hecho nacional. Si la judicatura y sus órganos de gobierno son elegidos por la clase política su imparcialidad es imposible.

Al igual que la voluntad plebiscitaria regional no puede variar algo que nos viene dado, como es la propia existencia nacional, tampoco la de la clase política, por muy consensuada que sea, puede determinar lo que es justo o no. La Justicia no puede ser democrática o dejar de serlo, simplemente es elemento indispensable para que la democracia exista, siempre que sea independiente de los poderes políticos del Estado y de la nación.

La llamada a cada nuevo «Pacto por la Justicia» es el reconocimiento expreso de que en España no hay una democracia (ni plena ni pamplinas) porque no hay separación de poderes ni independencia judicial. Pactar es transar, y pactar sobre la Justicia es asumir el reparto de lo judicial entre las mayorías políticas en reflejo de sus respectivas cuotas de poder. Cada nueva legislatura exige un reajuste institucional de la «justicia» correlativo a la proporcionalidad partidista resultante del último proceso electoral.

El partido perdedor se apresura a solicitar el pacto, sabedor de que, de no alcanzarse el consenso, el ganador aplicará su «rodillo» legislativo para la renovación de los miembros del CGPJ si cuenta con las matemáticas de la proporcionalidad a su favor. En caso contrario, la designación política de los magistrados del TC en forma directa, y en forma indirecta de los de las Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de Justicia, hace ineludible ese consenso de los partidos sobre quienes hayan de determinar lo que sea o no legal.

Ahora, todo vuelve a su ser natural, inherente al régimen de partidos en el que vivimos. Al reparto.