En 1997 se inició una investigación penal contra el presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco, su consejero delegado, J. L. Cebrián, y otros directivos, por supuestos delitos económicos -estafa, apropiación indebida, delito societario- relacionados con la disposición de los depósitos exigidos a los usuarios de Canal Plus. El juez Gómez de Liaño fue apartado del caso Sogecable al ser admitida su recusación, promovida por el señor Cebrián, que alegó una “enemistad manifiesta”.   Poco después, comenzó a instruirse en el TS una querella por prevaricación contra el juez Liaño: fue procesado y apartado de la carrera judicial. Los magistrados Bacigalupo y García Ancos lo condenaron por un delito continuado de prevaricación imponiéndole quince años de inhabilitación, en contra de la doctrina del propio Supremo y del voto del tercer magistrado y juez ponente, Martínez Pereda, que calificaba la sentencia de “insólita y anómala”.   En 2000 recibiría un indulto del gobierno de Aznar, con la condición de no incorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años. Sin embargo el TS  desaconsejó esa medida en un informe remitido al Ministerio de Justicia, firmado por los magistrados García Ancos, Bacigalupo y Martín Pallín, donde señalaban que Gómez de Liaño “carece de la templanza y el equilibrio necesarios para el desempeño de una función tan delicada como la judicial”.   Diez años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España a indemnizar con 5000 euros a Javier Gómez de Liaño. La Corte de Estrasburgo considera que se vulneró su derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial, lo que supone una desautorización de las dos máximas instancias jurisdiccionales españolas.   Que el TS no considerara prudente estigmatizar a Felipe González y que Joaquín Almunia, cuando era el líder del PSOE, dijera públicamente que Gómez de Liaño no merecía ser juez y que así se lo había comunicado al CGPJ, incitan a desconfiar de la independencia judicial. Pero, al menos, existe la seguridad de que Baltasar Garzón puede volver a abrir, aunque no haya el más leve indicio de prevaricación, “causas especiales” que aborten las “conspiraciones” contra Prisa. hechos significativos Zapatero y Rajoy han acordado la renovación del CGPJ y de las cinco vacantes existentes en el TC, a partir de septiembre. Ibarretxe dice a los cónsules acreditados en el País Vasco que desea “un modelo de relación amable” con España.