La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha confiado en que los jueces actúen con “responsabilidad” en la jornada de huelga general convocada para este miércoles, y ha recalcado que “parar la Justicia no es la solución a los problemas porque el máximo perjudicado es el ciudadano”. En declaraciones en el marco de la clausura de las VIII Jornadas de Justicia y Comunicación del órgano de gobierno de los jueces, que se han celebrado en Bilbao, Bravo ha manifestado su deseo de que “la tutela judicial efectiva prime sobre cualquier otra cuestión”.

En este sentido, ha recordado que la Comisión Permanente rechazó la semana pasada la petición de “una asociación judicial”, en referencia a Jueces para la Democracia (JpD), que solicitaba el establecimiento de servicios mínimos en los juzgados y tribunales de toda España. “No hay un soporte normativo que pueda justificar el derecho de huelga. No hay soporte legal y no procede la regulación, por lo que las condiciones que prevé el decreto de 1977 (sobre el derecho a huelga) no se pueden aplicar”, ha afirmado. De igual modo, la portavoz del CGPJ ha recordado que en febrero de 2009 este órgano ya dictaminó que el derecho de huelga no tiene soporte normativo para la carrera judicial, por lo que no procede la regulación de servicios mínimos, como en el resto de actividades profesionales.

Jueces para la Democracia (JpD) había mostrado su apoyo a la huelga general convocada para este miércoles, y ha criticado que los “sacrificios” que se exigen a la mayoría de la población no se extienden a los”sectores más privilegiados” pues las grandes empresas, las entidades bancarias y las grandes fortunas siguen sin realizar aportaciones tributarias en términos similares a otros países de nuestro entorno. La asociación de jueces comparte en un comunicado las razones de los sindicatos para convocar el paro general y anuncia que asumirán la “autorregulación” de la carga de trabajo establecida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la negativa de este órgano de regular los servicios mínimos. Jueces para la Democracia entiende que se está produciendo un “inaceptable desmantelamiento” del Estado Social y un “ataque sin precedentes” contra el sector público, que está dando lugar a “intensos” recortes de las prestaciones sociales y de los servicios más importantes para la ciudadanía”, informó Europa Press.