En la sociedad no hay afán de Justicia, sino de regulación y de coerción de lo toscamente dañino. La Justicia es un concepto teológico y, al ser aplicado a la Política, tiende a trasladarse desde el Poder de Dios al del Estado sin parada en la Sociedad Civil. Pero eso no la convierte (a la Justicia) en un Poder constituyente del Estado. El llamado Poder Judicial es en realidad una autoridad civil profundamente pragmática, casi clínica. Sancho en su Barataria personificó literariamente una Justicia que es más reconocible en tanto que praxis del sentido común que como poder estatal.   En realidad, la common law o ley natural -consuetudinaria, tradicional, como quiera llamarse- es llevada hasta el Estado por el Poder Legislativo, no por el Judicial. Aunque no en España, en una democracia los diputados representan en el Estado el elemento conservador de lo que la sociedad ya ha creado, o desea crear. Es decir, transforman la heterogénea lex tradita en homogénea lex scripta. Los jueces y sus compañeros del ramo deben hacer frente a un continuo esfuerzo de improvisación interpretativa que no les permite constituir nada. Incluso podría forzarse la reflexión hasta el punto de ver en la judicatura un saber “progresista”, más encargado de identificar viejas creencias y doctrinas en hechos nuevos, reconocidos como tales, que de encasillar los comportamientos juzgados dentro de los rígidos taxones del Derecho.   Un porcentaje del PIB constitucionalmente asignado; elecciones corporativas (incluso definido un cuerpo electoral maximizado) para la elección de los órganos de gobierno de la judicatura; titularidad vitalicia de los cargos en estos órganos; y una policía propia son medidas que, en bloque, van más allá de asegurar la independencia judicial: originan un cártel, un poder para-estatal. Si el Poder Judicial se convierte en casta, el riesgo de sufrir opresión se dispara para el ciudadano. Dotar a los jueces de competencias ejecutivas (policía) es algo tan aterrador como ofrecérselas a los médicos o a los sacerdotes. Tan desasosegante como la existencia del Ministerio de Justicia. A pesar de la tradición jurídica continental, parece impropio que la Administración de Justicia permanezca, sin más, instalada en el Estado. Y si tiene que ser así, parecen necesarias más garantías, que pasarían por hacer a los jueces responsables de sus decisiones ante la Sociedad Civil. ¿Podría ser un veto o moción que por mandato directo de los electores del distrito electoral -y sólo así- pudiera presentar cualquier diputado contra la resolución -o incluso la posición profesional- de todo juez? ¿Quizá la institución de algún tipo de iniciativa popular directa contra los funcionarios de Justicia en cada partido judicial?     Dibujo de Daumier