El magistrado D. Manuel García Castellón no aprovechará la pérdida de la condición de aforado del Sr. Iglesias para imputarle en la investigación sobre daños informáticos y apoderamiento de datos personales recogidos en la tarjeta del móvil sustraído a una de sus asesoras. La causa le había sido devuelta por el Tribunal Supremo ordenando la previa práctica de adicionales diligencias instructoras tras acordar en una primera ocasión la imputación del dirigente de Podemos.
Al parecer, el magistrado quiere cumplir con una norma no escrita entre los togados consistente en no reactivar ningún proceso judicial en tiempos de proximidad electoral para no influir en los comicios. Una costumbre que demuestra como, sin independencia judicial, el momento procesal oportuno para fiscalizar a la clase política será siempre el que determine esa misma clase política. El que manda, manda.
En la Justicia dependiente de la política, sometida de forma consensuada al punto de no ser necesaria norma escrita alguna que lo exprese formalmente, el cálculo de intereses recíprocos sirve de catalizador, norte y guía en la actuación de unos y otros. El futuro ministerio, la subida en el escalafón o simplemente la tranquilidad en el estrado están en juego. Se trata de no molestar a quien mañana puede ser el jefe, para no recibir luego el castigo.
Cercanas las votaciones, la presión política sobre la Justicia se relaja por abajo, dada la interinidad en el mando, propia de la incertidumbre electoral, a la vez que se intensifica por arriba. Las actividades instructoras contra el personal político por los jueces de base, esos juzgados de instrucción que se pretenden eliminar para traspasar sus funciones a una Fiscalía regida por los principios de jerarquía y subordinación a un fiscal general designado por el Gobierno, se disparan. Mientras, de Audiencia Provincial para arriba se paralizan hasta que una vez recuperada la estabilidad partidocrática se levante el alto el fuego, volviendo a manifestarse con toda crudeza su papel instrumental como parte de la lucha entre partidos.
Si dibujáramos una gráfica de la actividad de las distintas instancias judiciales relacionándola con los tiempos políticos, nos encontraríamos con el sorprendente resultado de que mientras los órganos colegiados superiores directamente infiltrados por los partidos políticos, como el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, prácticamente paralizan el examen de casos con trascendencia política desde que se entra en fase preelectoral hasta que toma posesión el nuevo amo, las instancias penales más básicas dedicadas a la investigación de los asuntos de corrupción la multiplican en el escaso lapso de tiempo en que cesa un Gobierno y el nuevo entra a su relevo.
