El Gobierno proyecta impulsar antes de fin de año una reforma del CGPJ para limitar las competencias de dicho órgano cuando el mandato de sus vocales esté en prórroga por no haber consensuado los partidos su renovación.
La principal competencia afectada es la relativa al nombramiento de cargos y destinos de jueces y magistrados. Se trata a fin de cuentas de que el Consejo en funciones no pueda realizar nuevos nombramientos en los Tribunales Superiores de Justicia y altas instancias judiciales. En suma, elevar a rango de ley el consenso de los partidos para repartirse los jueces, asegurándose de que un Consejo en el que la mayoría no sea favorable al Gobierno no le perjudique antes de cerrarse el acuerdo.
También se trata de un pulso al principal partido de la oposición para forzar ese consenso, ya que este, en lugar de oponerse al sistema de reparto de jueces, simplemente se queja de la insuficiencia de la oferta gubernamental en cuanto al número de vocales que se le ofrece. El panorama no es menos lamentable en el resto de partidos, que se quejan de la mala imagen que ofrece así la Justicia. Lo importante no es la falta de independencia, sino la imagen que de ésta se ofrece al público.
Mejor así. La realidad descarnada. Es la verdad la que nos llevará a la libertad. Al pan, pan y al vino, vino. La noticia nos sirve para que cualquiera que quiera pueda ver a las claras que la sustitución por la clase política de unos vocales del CGPJ por otros no constituye renovación alguna de la Justicia, sólo mera novación formal. Privados de la independencia del poder político que los escoge por origen y naturaleza de su elección, cualquier cambio de sus titulares será siempre meramente nominal.
No es de extrañar que cuanto más alto sea el Tribunal, más directamente intervenido se encuentre por el poder político. No se pierda de vista que el presidente del Tribunal Supremo lo es también del CGPJ, y su elección fruto del cambalache de los partidos.
¿Y las asociaciones judiciales qué dicen de todo esto? Pues, como parasindicatos de jueces que son, arriman el ascua a su sardina, a los intereses de clase que defienden con la perspectiva de la ideología de los respectivos partidos que están detrás de ellas. Las directamente adictas a partidos de régimen apelan al consenso, es decir, a que repartan ya para saber qué tienen que decidir. Las más osadas, por su parte, que la elección del gobierno de la Justicia exclusivamente corresponda por los jueces.
El CGPJ es una institución que debe desaparecer como sínodo de la élite judicial partidista que es. Así, sus miembros son simples jueces (o no) del partido al que son afectos, rigiéndose su actuación no sólo por la regla de la obediencia debida al que les elige, sino también, y en cuanto a su funcionamiento ordinario, por el consenso con los de la facción rival, dejando fuera de sus decisiones al mundo jurídico que gobiernan.
El CGPJ esconde así tras sus siglas otras tantas mentiras: no es Consejo, ya que primero se escoge por los partidos a su presidente (que, ojo, lo es del TS donde se solventan muchas de sus cuitas) y luego a los vocales, cuando según la Ley Orgánica del Poder Judicial debía ser al revés, elegir primero a los vocales y luego estos designar a su presidente; no es General porque en su elección no interviene el conjunto del orbe jurídico sobre el que luego ordena y manda. Y no es Poder Judicial porque el judicial no es un poder político, sino una facultad estatal que lo que tiene que ser es simplemente independiente.
Más al contrario, para alcanzar la independencia judicial es necesario que la elección del órgano de gobierno de la Justicia se produzca por un cuerpo electoral propio y también separado, acabando así con toda posibilidad de corporativismo al integrar como electores a todos los operadores jurídicos, desapareciendo así automáticamente cualquier interés común susceptible de reciprocidad, a la par que las élites judiciales se convierten en minoría.
De ese cuerpo electoral separado, formado también por fiscales, secretarios judiciales, funcionarios de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, notarios, forenses, registradores y catedráticos de Derecho y policía judicial entre otros operadores jurídicos, ha de salir elegido un presidente del Consejo de Justicia, órgano que sí sería General al integrar, no sólo a jueces y magistrados, sino a también a los restantes implicados en el quehacer diario de la Justicia y que son franca mayoría, resultando imposible cualquier comportamiento corporativista por razón de la función jurisdiccional.
