En el Gobierno asumen la sentencia de Aristóteles: “La ley tiene fuerza de obligar y es expresión de la prudencia y la inteligencia”. Los hombres suelen convertir en blanco de sus odios a los que se oponen a sus pasiones dominantes, aunque lo hagan con la mayor rectitud, mientras las leyes no deberían provocar resentimientos ni odios al ser la expresión de la voluntad popular y conducir al bien común, proclaman los oligarcas del régimen.   A fin de cuentas, en Occidente, el origen de todas las leyes se remonta a los mandamientos divinos del Decálogo,  y más tarde, de la encarnación visible de Dios sobre la Tierra,  derivarían su autoridad los Papas y reyes; y por fin el Derecho Natural o la ley de la Naturaleza inspirada por una fuerza sobrehumana. Los mandatos del Derecho secular que impera en la Monarquía de partidos no dejan de tener una validez metafísica: la soberanía popular.   Parlamento vasco (foto: Iker Merodio)     Mientras en EEUU contrasta la excelencia de los logros de los científicos, artistas y profesores, con su escasa influencia en la política, en España los consejos de las autoridades culturales son atendidos y seguidos por el Estado. Allí se utilizan términos despectivos como “egghead” para designar al intelectual, que tanto dañaron la carrera política de Adlai Stevenson, por ejemplo. Aquí los “cabezas de huevo” son reunidos en una institución que representa la “voluntad permanente” de la Nación: nada menos que el Consejo de Estado, que ha confirmado que la consulta independentista al pueblo vasco es una “conducta ilegal”. Este dictamen ha permitido al Gobierno anunciar la redacción de un recurso contra ese referéndum. Una vez que se presente en el TC, acarreará la suspensión durante cinco meses de la ley aprobada en el Parlamento vasco hace dos semanas.   Sin embargo, Ibarretxe reitera que no necesita el “permiso de nadie” para preguntar a los ciudadanos, ya que su iniciativa no tiene carácter vinculante y sólo es una “propuesta democrática” para conocer la opinión de los vascos. Aunque una de las cláusulas del acuerdo concluido en la Transición, como en el arconato de Euclides (403-402) después del gobierno de los “treinta tiranos”, fue: “se prohíbe reprochar a nadie su pasado”, la causa de este monumental error, más allá de las disputas jurídicas, sigue residiendo en la velada aceptación del derecho de autodeterminación que los socialistas defendían abiertamente antes.