El que fuera representante de CCOO en el consejo de administración de Novacaixagalicia, José Luis Regueiro, ha afimado este martes en la Audiencia Nacional que él fue el único que votó en contra de las prejubilaciones millonarias que se llevaron varios directivos de esta entidad durante el Consejo de Administración del 1 de diciembre de 2010. Lo hizo porque desconocía la documentación e incluso la cuantía de dichas compensaciones, que no se desveló hasta casi un año más tarde. Regueiro ha comparecido como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, y ha explicado que el motivo de su oposición en el citado Consejo era que el asunto no iba respaldado de su necesaria documentación. Ha añadido que la ratificación de los contratos ni siquiera se incluía en el orden del día que les fue repartido antes de la reunión, según los directivos porque no había habido tiempo. El testigo llegó a manifestar que el copresidente de Novacaixagalicia, el también imputado Julio Fernández Gayoso, manifestó que tal documentación no era necesaria porque no había existido ninguna modificación respecto a los contratos iniciales. Sin embargo, el vocal se negó a votar dicho punto.
Según ha explicado el propio Regueiro a la prensa a las puertas de la Audiencia Nacional, la sesión del Consejo de Administración celebrada en diciembre de 2010 podría calificarse de “día de la alegría”. Tras la fusión de las cajas gallegas todo el mundo estaba “satisfecho” porque habían conservando sus puestos, y esta podría ser la razón por la que ningún consejero más se opuso a la aprobación de las medidas.
El testigo ha señalado también que la cuantía total de las prejubilaciones no fue conocida hasta el 30 de septiembre de 2011, una vez todos ellos habían dejado ya la entidad. Más adelante, en agosto de 2011, además de Regueiro otros dos consejeros votaron en contra de las cantidades que hubo que aprovisionar para pagar las compensaciones. Se trata de José Luis Veiga, representante del Ayuntamiento de Pontevedra en el Consejo de la Caja, que ha sido citado para este miércoles, y Miguel Argones, de Csica, que comparecerá este jueves.
La Fiscalía Anticorrupción reclama a los exdirectivos imputados la devolución de las cantidades que considera percibidas indebidamente. Al exdirector general adjunto, Javier García de Paredes, le reclama 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025 -momento en que se podría jubilar-, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización. Al exdirector general de la caja única, José Luis Pego se le reclaman 1,44 millones de euros, una cantidad en la que se incluye una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.
Además, Anticorrupción reclama en la querella presentada 913.602 euros a Gregorio Gorriarán, que se encargó del Grupo Inmobiliario tras la fusión de las dos antiguas cajas gallegas y 260.940 euros a uno de los responsables de la oficina de integración, Oscar Rodríguez Estrada. En las peticiones de devolución no aparece el que fuera presidente de Caixanova y copresidente de Novacaixagalicia, Julio Fernández Gayoso Gayoso, a quien atribuye cooperación en el plan de Pego, Gorriarán y Estrada para preparar su salida de la entidad.
En su querella, Anticorrupción apuntó que los exdirectivos “dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)”. El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 -en el momento de la fusión- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su “verdadera” situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción. En aquel momento, presidía el Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la ministra de Economía era Elena Salgado y el presidente del Banco de España, Miguel Angel Fernández Ordóñez.
